Madrid pide a Sanidad que incluya la crisis de Muface entre los temas del pleno del Interterritorial

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado hoy una carta a la ministra de Sanidad, Monica García, en la que le pide que incorpore, en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes 16 de diciembre, un punto en el que se aborde de manera efectiva la problemática de Muface, y donde las CCAA puedan someter a votación la petición al Gobierno para que ofrezca una solución rápida y efectiva para salvar el modelo de mutualismo civil.

Tal y como especifica la misiva, el tema que se votaría sería la petición al Gobierno, por parte de las comunidades autónomas, de "licitar con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios un nuevo concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que cuente con la dotación económica que sea necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades de los propios mutualistas, así como para consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo”.

La petición de Matute es una respuesta a lo que Sanidad ha incluido en el orden del día del Pleno, que no es otra cosa que "informar a las comunidades autónomas sobre las implicaciones que tendría la eventual incorporación al Sistema Nacional de Salud de mutualistas de Muface".

Es decir, volver a poner en común las conclusiones del informe que realizó el ministerio de García hace unas semanas, en el que concluía que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Tanto la CAM como otras autonomías, como Extremadura o Andalucía, así como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSFI) o la Asociación de Altos Funcionarios del Estado, han mostrado públicamente su oposición a los planes de Sanidad que, además, el propio Ministerio para la Función Pública, en quién recae la responsabilidad de la licitación, ha obviado por completo.

Madrid alega que el informe de Sanidad "carece de planificación alguna ni presenta una memoria económica que cuantifique el coste", además de que el fin de Muface en el caso de la Comunidad "supondría trasvasar a su sistema sanitario a 240.000 ciudadanos y un coste efectivo mínimo de 400 millones de euros en detrimento de las arcas regionales, además de trasladar una elevada presión asistencial al Servicio Madrileño de Salud, lo que redundaría en perjuicio de todos".