La Fiscalía propone instalar cámaras de vídeo en las aulas

La dificultad de probar determinados abusos sexuales cometidos contra menores debido a que los mismos tienen lugar en espacios cerrados es lo que ha llevado a la Fiscalía General del Estado a abogar por la instalación de cámaras de grabación en esos espacios, para evitar que, de esa manera, desparezcan pruebas que pueden resultar determinantes para mantener o no una acusación por esos hechos.

Así lo refleja la Memoria Anual de la Fiscalía que se presentó ayer con motivo de la apertura del año judicial. En este sentido, el Ministerio Público señala que los autores suelen ser personas cercanas a la víctima, y, además, «no se trata de actos aislados sino repetidos durante apreciables períodos de tiempo» y los lugares donde se cometen esas acciones «suelen ser entornos familiares, educativo o de tiempo libre».

Esto suele generar dificultades para la actividad probatoria y, no pocas veces, «resultados procesales adversos ante la imposibilidad de poner de manifiesto ante el tribunal indicios derivados de un ilícito que se mueve en un entorno de extrema intimidad en su ejecución y donde además se añade una connotación de vergüenza derivada de la peculiar vejación sufrida por las víctimas, que en ocasiones les lleva a manifestarse con claro rechazo de la intervención de la administración de Justicia». Es decir, la imposibilidad de condenar por la dificultad de encontrar esas pruebas determinantes de las agresiones sexuales.

Por ello, y ante la gravedad de ciertas denuncias y lo «delicado de los entornos en que se producen los hechos», como espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación o entrenamiento, es por lo que la Fiscalía plantea la posibilidad de «normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados», como despachos o aulas escolares.

De esta forma, a juicio del Ministerio Público, se evitaría la imposibilidad de contar con pruebas determinantes para esclarecer los hechos denunciados, ya sea para acusar o para que «determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones».

«Medida desproporcionada»

Desde el sindicato de profesores de la escuela pública ANPE se oponen rotundamentre a la propuesta de la Fiscalía para evitar este tipo de abusos. «Me parece una medida desproporcionada, incluso cuestiono su legalidad», apunta su presidente Nicolás Fernández, en el sentido de que contraviene la Ley de Protección de Datos y también la Ley del Menor: «Existe un protocolo que prohíbe grabar dentro de las aulas precisamente para garantizar la intimidad y la seguridad de los menores». Al tiempo que recuerda que «tampoco los profesores podemos grabar a los alumnos en actividades sin pedir un permiso expreso a los padres». Fernández critica que con este tipo de propuestas se siembra una sospecha sobre el profesorado: «No se nos puede someter a esa sombra de duda, no nos agrada someternos a una especie de Gran Hermano y menos aún sin saber quién tendrá acceso a las imágenes, si la dirección del centro escolar , la alta inspección educativa o un organismo externo ».

Desde ANPE afean a la Fiscalía este tipo de «ideas en caliente», que tienen más «un carácter represivo que preventivo». «Otra cosa es que para defender el bien jurídico del menor, en un determinado momento y con una orden judicial, se pudiese grabar en el aula, o bien en el patio o en los accesos para proteger su seguridad», apostillan. Fernández no cree que lo que sugiere la Fiscalía pueda llegar a implementarse en un futuro en los colegios: «Cuando se reflexione la idea, se verá que es inviable».

El debate abierto sobre las «webcam» en las guarderías

A raíz de que el futbolista Leonel Messi mandara instalar cámaras en la escuela de P3 donde estudia su hijo, saltó a la palestra la idoneidad de la medida, incluso su legalidad. Algunas guarderías tienen instaladas «webcam» que retransmiten en directo lo que pasa dentro de las aulas. Unas imágenes a las que solo pueden acceder los padres a través de una contraseña y que no pueden ser difundidas. Legalmente, para la instalación de videovigilancia en los centros educativos hace falta el permiso de los padres o los representantes legales de los menores. Aunque sea legal instalar estas cámaras, el debate sobre su idoneidad enfrenta a padres y profesores. Mientras muchos progenitores defienden su derecho a ver lo que sucede dentro del aula, incluso piden que sea obligatorio, los maestros critican que se ponga en tela de juicio su profesionalidad al tiempo que piden más confianza en los centros que eligen para sus hijos.