La jueza fija el 10 de junio para el desahucio de las exmonjas de Belorado, que recurrirán

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ha fijado el 10 de junio como nueva fecha para el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado y ha citado a todas las partes a una vista previa el 13 de mayo, exactamente un año después de que estas religiosas anunciaran su salida de la Iglesia Católica.

No obstante, el abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, considera poco probable que el desalojo se lleve a cabo en esa fecha, ya que, en caso de una resolución desfavorable, la defensa recurriría ante la Audiencia Provincial, ha explicado a Efe. Esta decisión judicial se produce después de que el pasado 21 de febrero se rechazara la solicitud de las exmonjas para suspender el proceso de desahucio.

El juzgado ha determinado que la demanda de desahucio, presentada en septiembre por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio, siga su curso sin vincularla a la impugnación de su nombramiento interpuesta por las religiosas.

Desde la Oficina del Comisario Pontificio se ha aclarado que este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado en el cisma y permanecen en la comunidad monástica de Belorado y que, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, serán atendidas por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu cuando el acceso al monasterio sea posible.

De las diez exmonjas excomulgadas en junio, solo ocho permanecen en la disputa legal, ya que dos han abandonado el convento. Tres de ellas se han trasladado a Asturias, donde han abierto un restaurante en Arriondas para generar ingresos tras el cierre de su obrador en Belorado.

La separación de la Iglesia Católica por parte de estas religiosas estuvo motivada por dificultades económicas agravadas por la pandemia y por una polémica inmobiliaria relacionada con la venta del convento de Derio (Vizcaya).

Ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran siete de las ocho exmonjas, reconocida por los servicios sociales de la Diputación de Burgos, su abogado no descarta solicitar la suspensión del proceso. Además, aún está pendiente la resolución sobre la acumulación de los procedimientos tras la demanda interpuesta contra Mario Iceta en julio.