Periodismo

La APM concede el amparo a Elisa Beni ante el "hostigamiento" del ministro Puente

Le recuerda que tiene todo el derecho a discrepar, pero no a insultar y señalar

María Elisa Beni Uzabal periodista y escritora de un libro inspirado en una vivienda de la madrileña calle Santa Engracia.
María Elisa Beni Uzabal periodista y escritora de un libro inspirado en una vivienda de la madrileña calle Santa Engracia.CONNIE G. SANTOSCONNIE G. SANTOS

La Asociación de la Prensa de Madrid ha decidido conceder el amparo solicitado por la periodista Elisa Beni, ante el hostigamiento del que viene siendo objeto, de manera continuada, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de las redes sociales.

"Esta asociación recuerda a Óscar Puente que, como cualquier persona, está en su derecho de discrepar de las opiniones de un periodista, y que puede ejercer su derecho de rectificación ante las informaciones que considere no son ajustadas a la realidad. Sin embargo, la APM rechaza que el ministro acompañe sus discrepancias con insultos y señalamientos de periodistas, en este caso de Elisa Beni, y que intente coartar su libertad de ejercer el periodismo en el medio de comunicación que considere conveniente".

"La APM se ve en la obligación, una vez más, de repudiar una actitud que Óscar Puente mantiene desde hace tiempo con respecto a algunos periodistas, y que revela un escaso respeto por las personas y por el ejercicio de la libertad de expresión, recogido en la Constitución Española. La regeneración de la vida democrática que proclama el Gobierno va justo en la dirección contraria a este tipo de actitudes. De nuevo, esta asociación advierte de que los insultos y señalamientos en redes sociales por parte de una persona conocida por su condición de miembro del Ejecutivo, provocan, frecuentemente, comentarios y hasta amenazas anónimas que pueden poner en peligro la integridad de los afectados", señala el comunicado.

La APM manifiesta su solidaridad con Elisa Beni y con todos aquellos periodistas que se ven sometidos a descalificaciones y acoso por parte de responsables públicos o de formaciones políticas, que tratan de condicionar, de esa manera, el ejercicio de su derecho a informar.