La Guardia Civil vuelve a cuestionar la gestión por parte del Gobierno de la crisis sanitaria del coronavirus. En un nuevo informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid pese a las alertas sanitarias por la pandemia, el Instituto Armado afirma que Sanidad conocía desde finales de enero los riesgos de contagio y señala al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón -a quien la magistrada rechaza investigar- por no haber trasladado toda la información sobre la Covid-19 de la que disponía antes de las concentraciones del Día Internacional de la Mujer.

En el informe se hace hincapié en que pese a que seis días antes del 8-M el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había desaconsejado las concentraciones multitudinarias, desde el organismo que dirige Simón se habrían silenciado esas alertas, que presuntamente no se trasladaron ni directamente a las comunidades autónomas ni a través del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, el órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las distintas administraciones con competencias sanitarias.

La documentación aportada por el organismo que preside Simón ratifica que la UE les remitió ese informe el mismo día 2 de marzo por correo electrónico, tanto al CCAES como a él personalmente. Pero desde el centro de emergencias sanitarias se insiste en que era un documento de carácter público y de “general conocimiento”, por lo que “no se procedió a su distribución”. Del mismo modo, “no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones” de la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial.

La información reclamada al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por la juez del 8-M desde el pasado 16 de abril, se obtuvo finalmente tras personarse agentes de la Guardia Civil en la sede del CCAES el pasado 21 de mayo, cuando se les entregó la documentación mediante un escrito firmado por el propio Simón. En esa información se asegura que por parte del CCES “no se ha efectuado envío de documentación alguna a la Delegación del Gobierno” referente a la crisis sanitaria por Covid-19 antes del 8-M y que con las comunidades autónomas se mantuvo "una comunicación constante, aunque el Instituto Armado apostilla que Simón no ha precisado “fechas ni periodo de referencia”.

Pero, además, la Guardia Civil expresa abiertamente su recelo sobre el hecho de que “podrían faltar documentos” en relación con la información que le solicitó la juez, que le reclamó todas las instrucciones o directrices sanitarias en el marco de la crisis sanitaria. Y es que señala direcciones de correo asociadas al CCAES distintas de las dos aportados por Simón, entre ellas una del propio director del organismo, “de la que no ofrecen información alguna”. Ante la posible existencia de otras cuentas de las que nada se sabe, subraya, no es posible despejar “toda duda de la totalidad de la información aportada”, lo que arroja, dice, una “sensación de incertidumbre” añadida al ofrecerse el CCAES a ofrecer datos adicionales si así se lo solicitan.

La Guardia Civil cree que el organismo que dirige Simón disponía “de un gran caudal de información acerca del Covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad” y recuerda que ya el 24 de enero contaba con un “procedimiento para el nuevo coronavirus” y “se procede a su difusión”. De ahí que insista en que el Gobierno “ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Una semana antes del 8-M, mantienen, el CCAES sugiere “intensificar la vigilancia en algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid”. Ya el 6 de marzo, añade el informe, “se tiene pleno conocimiento de que la tasa de contagios disminuye con la aplicación de medidas de salud pública”, entre ellas el “aislamiento preventivo y el distanciamiento social”, tal y como había publicado la OMS el 2 de marzo.

La Guardia Civil señala especialmente un correo remitido el 28 de enero por la responsable del servicio de Alertas Internacionales del Ministerio de Sanidad al organismo que preside Simón, que considera “muy relevante” al provenir del Ministerio “en fechas muy tempranas”. Otro correo electrónico analizado se remite desde el CCAES a miembros de la Ponencias de Alertas un informe comunitario fechado el 23 de febrero que eleva de bajo a moderado el riesgo de infección por Covid-19 para ciudadanos de la UE.

Pese a estos correos sobre la evolución de la pandemia y los riesgos de contagios, la Guardia Civil constata que ya el 27 de febrero el centro que dirigía Simón “disponía de la información de un posible contagio entre personas asintomáticas en España” y había establecido un criterio por el que definía como “contacto estrecho” el simple hecho de que hubiera estado en contacto, a una distancia inferior a dos metros, ""con otro caso probable o confirmado mientras presentaba síntomas".

Con la información con la que contaba el 6 de marzo, añade, el CCAES tenía ya “un conocimiento bastante detallado sobre el Covid-19, la situación actual y la evolución desarrollada por la enfermedad”.

La Guardia Civil concluye que la Delegación del Gobierno tuvo “la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes” del Ministerio de Sanidad a través de su web, por lo que muestra su extrañeza por el hecho de que ni siquiera solicitase “un informe técnico” sobre posibles riesgos de contagio.

El informe, adelantado por El País, también hace referencia a las declaraciones off the record de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una conversación con una periodista de EiTB antes de una entrevista, en la que asumía que a la protesta del 8-M había acudido menos gente este año por miedo al contagio por coronavirus.

Como ya hizo en el informe anterior, la Guardia Civil se vuelve a quejar de la renuencia de Sanidad en facilitar la información requerida, incluida la solicitada directamente a Simón, a quien por dos veces ha rechazado imputar la juez Rodríguez-Medel, que centra su investigación en si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pudo cometer prevaricación (tras descartar también que se le pueda responsabilizar de lesiones por imprudencia) al autorizar las protestas feministas pese a las alertas sanitarias. De ahí su empeño en esclarecer si Sanidad hizo partícipe a la Delegación del Gobierno de las advertencias sanitarias previas al 8-M, especialmente de esas recomendaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

Además, el propio Simón y otros diez profesionales sanitarios firmaron 48 horas antes de las concentraciones por el Día Internacional de la Mujer un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el que se señalaban los peligros de expansión del coronavirus y se enumeraban medidas para evitar su expansión.

La instructora quiere saber por qué la Delegación del Gobierno habría sugerido la desconvocatoria de una docena de protestas que habían sido autorizadas antes de la declaración del estado de alarma, mediante llamadas telefónicas en las que habría esgrimido razones sanitarias, y sin embargo autorizó las marchas del 8-M, entre otras concentraciones ese fin de semana, cuando también se celebró el mitin de Vox en Vistalegre.

En particular, se quejaba de que Simón no había aclarado la difusión que dio al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que desaconsejaba concentraciones multitudinarias y si lo mandó al delegado del Gobierno, que niega haberlo recibido.

Para la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno "tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma". Y subraya que de las 130 que se permitieron, 35 fueron desconvocadas, en su mayor parte por motivo sanitarios, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, e incluso en 14 casos a iniciativa de los propios convocantes.

Algunos de los promotores de estas protestas explicaron a la Guardia Civil que desde la Delegación se les llamó para “sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria”. Y si se mostraban reacios “les instaban a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que se cancelaran las mismas” utilizando en algunos casos “expresiones imperativas”.

La Guardia Civil hace hincapié en un informe del pasado 28 de febrero en el que el servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno elaboró con información general sobre las medidas preventivas básicas ante el coronavirus, lo que le lleva a concluir que en ese momento ya “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad”. En ese informe, que se difundió entre el personal, se recomienda mantener a distancia social de al menos un metro.

Entre las concentraciones no autorizadas figura una que pretendía celebrar una asociación de agricultores y ganaderos el 14 de marzo frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) y cuyo permiso se denegó esgrimiendo el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria. De ahí que el informe incidiese en la "diferente gestión" de unos expedientes respecto a otros.

El delegado del Gobierno y otros tres cargos de este organismo, en su caso como testigos, declararán el próximo miércoles ante la juez para intentar esclarecer qué conocimiento tenían, si así era, de las alertas sanitarias que desaconsejaban concentraciones multitudinarias para evitar contagios. Además de Franco, que lo hará en calidad de investigado testificarán el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y el director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas. Un día después, la juez tomará declaración a ocho nuevos testigos, entre ellos cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno.