La controversia surgida en torno a la iniciativa legislativa de delegación de competencias en materia migratoria desde el Estado central a Cataluña invita a una reflexión profunda, situada en el siempre delicado equilibrio constitucional y político que sostiene nuestro sistema democrático. La Constitución, esa pieza de sastrería jurídica minuciosamente diseñada durante la Transición, constituye el traje que viste a nuestro Estado, ordenando con precisión sus formas, marcando límites claros y dibujando responsabilidades. Como cualquier prenda que ha de durar, no está confeccionada para soportar constantes estiramientos o expansiones al límite, pues corre el riesgo evidente de hacer saltar las costuras. La transferencia de competencias en un asunto tan delicado como la inmigración requiere una especial cautela, especialmente teniendo en cuenta la dificultad intrínseca que supone encajar esta materia, por su propia naturaleza, dentro del concepto de competencia delegable previsto en el artículo 150.2 de la Constitución española. No resulta legítimo recurrir a artificios o solapamientos con competencias menores para, de manera subrepticia, transferir en realidad la sustancia esencial, lo verdaderamente relevante. Pero más allá de su más que cuestionable acomodo constitucional, no estamos solo ante una cuestión técnica, jurídica o administrativa, sino profundamente política y moral. En el ejercicio de la política responsable debe primar el principio de contención, entendido como moderación y respeto escrupuloso por las fronteras constitucionales y estatutarias, evitando convertir nuestro marco jurídico en un traje permanentemente forzado, deformado por intereses coyunturales o presiones territoriales. Esta transferencia, bajo un prisma de responsabilidad política, debe valorarse también desde el principio del bien común y del interés general. Delegar competencias no puede ser una simple moneda de cambio ni obedecer a un impulso coyuntural; debe responder a criterios de eficiencia, coherencia y, sobre todo, de responsabilidad compartida. Como decía Adolfo Suárez, arquitecto de nuestro orden constitucional: «la responsabilidad política no consiste solo en gestionar lo posible, sino en discernir lo conveniente». Cataluña, por su compleja realidad social y su situación geográfica estratégica, reclama una atención especial, pero esto no puede significar una cesión que desborde los límites constitucionales. Lo recordaba también Felipe González: «la política no es solo decidir lo que se puede hacer, sino reconocer humildemente lo que no conviene hacer». El traje constitucional no está para ser deshilachado por la tensión constante con nacionalistas e independentistas, sino para ser preservado, actualizado cuando convenga, pero siempre desde el consenso, la prudencia y el equilibrio. Hacer saltar sus costuras en aras de demandas políticas puntuales sería renunciar a la responsabilidad histórica de preservar la integridad y estabilidad de España. En esta cuestión tan sensible, la moderación, el sentido común y la contención deben ser guías permanentes. El Estado autonómico debe avanzar, sí, pero nunca al precio de debilitar el delicado entramado jurídico y político que nos une como nación. Conviene recordar la afirmación de Edmund Burke: «La sociedad es ciertamente un contrato, pero no sólo entre quienes viven, sino entre los que viven, los que están muertos y los que están por nacer», y, asimismo, la de Winston Churchill cuando señaló que «la responsabilidad es el precio de la grandeza». Como exponía en otro artículo, «Todo está en la Biblia» resulta muy conveniente no olvidar la prudente advertencia bíblica: «No traspases los límites antiguos que pusieron tus padres» (Proverbios 22:28). La UE proclama en su Tratado de Funcionamiento (art. 79) el desarrollo de una política común de inmigración. ¡Qué difícil resultará explicar en Europa una iniciativa de este tipo! En Europa se busca la convergencia y en España la divergencia. ¡Qué triste e insolidaria paradoja!