Matemáticas para socialistas engreídos

En las elecciones generales de julio de 2023 –parece que ha pasado un siglo– el PSOE obtuvo el 31,6 por ciento de los votos válidos o lo que es lo mismo el 68,4 por ciento de los electores, una mayoría aplastante, optó por otras fuerzas políticas. En esas mismas elecciones, los cinco partidos nacionalistas, contando con el BNG, obtuvieron entre todos el 6,5 por ciento de los votos, es decir, un apoyo cuando menos poco lucido en el conjunto de la nación. Sólo a efectos comparativos, Vox sacó el 12,38 por ciento de los votos, es decir, el doble que todos los nacionalismos sumados, aunque si escuchas a los portavoces parlamentarios de ERC, PNV, Junts y Bildu todos parecen comportarse como si fueran la mamá de Tarzán, que decía un viejo amigo mío tico al referirse al líder de una formación extraparlamentaria. Son matemáticas elementales que, entre otras cosas, reflejan un sistema electoral descompensado territorialmente y, es sólo una opinión, que no refleja con exactitud la voluntad popular y que, en el peor de los casos –como el presente– facilita que un seis por ciento de los votantes, coordinados y con intereses propios muy alejados de los de las gentes del común condicionen el presente y el fututo del conjunto de los españoles.

Valga esta reflexión ante algunas de las expresiones vertidas por miembros del Gobierno en el Congreso búlgaro del PSOE en las que se tildaba de «golpista» a la oposición popular –María Jesús Montero, ministra de Hacienda– o se abogaba por «acabar con la derecha» –Isabel Rodríguez, ministra de la Vivienda– en un ejercicio de incomprensión del sistema democrático verdaderamente asombroso. En un país donde los jóvenes y la clase trabajadora, especialmente la inmigrante, tiene graves problemas para encontrar una vivienda digna –se pagan hasta 400 euros mensuales por una cama en una terraza acristalada– nos viene la ministra del ramo a proclamar la destrucción de la derecha, más de medio país, en lugar de cubrirse la cabeza de ceniza y pedir humildemente perdón por el desaguisado habitacional –fue el PSOE el que llevó al Constitucional la reforma de la legislación urbanística de Aznar y así nos va– que padecemos y del que es la principal responsable, al menos, por lo que se le paga el sueldo. Por lo demás, el Congreso búlgaro de Sevilla ha servido para constatar que los esforzados dirigentes socialistas viven en una realidad paralela y están convencidos de que son dueños de sus propios destinos, en lugar de rehenes de ese 6 por ciento que representan los votos nacionalistas. Nada más revelador que una ponencia en la que se plantea en el mismo plano una financiación autonómica bilateral y multilateral, lo que es un imposible, entre la aquiescencia acrítica de los asistentes, que ya vendrá Puigdemont con la rebaja.

Es evidente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene oposición interna en el partido digna de ese nombre y, también, que el socialismo patrio ha interiorizado la corrupción propia como inherente a su condición vital. Con estos mimbres, y mientras siga pagando el peaje nacionalista, es muy probable que agote la legislatura. Es decir, que se mantenga en La Moncloa hasta 2027. No sabemos si en ese tiempo habrán acabado con la derecha golpista, política y judicial, pero es de temer que van a intentarlo con todas sus fuerzas que, afortunadamente, son cada vez más pocas.