Ideología, solo ideología

Leo en La Razón el debate entre psiquiatras y el Ministerio de Sanidad a propósito de la llamada «contención mecánica». ¿Qué es?, pues prefiero copiarlo: es «la aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica utilizados para limitar la movilidad física como medida extrema para evitar daños al/a la propio/a paciente, a otras personas y al entorno de enfermos mentales físico que le rodea». O dicho en román paladino, atar a los enfermos. La ministra del ramo quiere investigar sobre su uso –abuso, piensa–, a lo que añade «hacer un mapeo» a los «internamientos involuntarios», a su juicio innecesarios y que, añade, suelen producirse porque los médicos desconocen los recursos disponibles.

Como era de esperar los médicos, en especial los psiquiatras, responden: ¿qué recursos son esos, dónde están?, ¿acaso el médico «encuentra algún placer en tomar esas decisiones»?, ¿ignora la ministra que «el médico de guardia tiene que decidir entre hacer un ingreso involuntario en un paciente con riesgo suicida o exponerse a que un juez le impute si el paciente se suicida por no haberle ingresado»?, ¿ignora que los sanitarios priorizan su propia seguridad en un ambiente en el que aumentan las agresiones?; además –añaden– el mero anuncio de esa investigación sobre las «sujeciones mecánicas» traslada la idea de que son por culpa de los psiquiatras cuando la mayoría son en geriatría, UCI, reanimación o Medicina Interna.

Lo dejo aquí y me quedo con el nervio de la queja profesional: los políticos hacen afirmaciones superficiales y demagógicas, queja relevante cuando la ministra, créanme, es médico y parece pretextar una defensa de la libertad, algo chirriante cuando profesa una ideología liberticida. Esa queja me recuerda otra polémica, también a propósito de iniciativas ideologizadas. Me refiero a la normativa sobre cambio de sexo. Tanto médicos, asociaciones varias, como la Fiscalía General o las feministas «tradicionales», advirtieron del peligro de una ley que fomenta «pseudo casos» de disforia de género, una «barbaridad» dicho en palabras de un destacado psiquiatra, una inmolación del sentido común, en ese caso, en el altar de la ideología de género.

Son iniciativas que se hacen valer –mejor dicho, se imponen– aunque choquen abiertamente con la realidad. O con las razones científicas, profesionales, que informan aquello en lo que el político o el ideólogo quiere intervenir. Y hay más ejemplos sobre ese desdén hacia el parecer científico o profesional, como ocurrió con la prohibición legal de toda actuación médica en casos de homosexualidad o cuando, ya en pugna con la realidad, aquella ministra zapateril dijo que el feto humano es un ser, pero no se puede decir que sea humano o, en fin, cuando por ley el animalismo ideológico humaniza a los animales o cuando, también por ley, se personifican cosas –ahí está el Mar Menor– todo para desdibujar la idea de persona como único titular de derechos.

Esa expansión de lo ideológico parece no conocer límites y ahí tenemos la imposición del lenguaje inclusivo, con ninguneo del parecer de la Real Academia de Lengua por políticos ignaros o que, sencillamente, no están dispuestos a que la realidad les fastidie sus prejuicios ideológicos. Y en esta tendencia entramos todos, también los juristas. Ahí está el empeño en imponer la ideología de género para interpretar las leyes o para resolver conflictos, con el resultado de tratos objetivamente discriminatorios que llevan a condenas o merma de derechos. Un ejemplo de la imposición ideológica la tenemos con la ley del «sólo sí es sí» y cómo sus promotores –mejor dicho, promotoras– hacen gala de su ignorancia sobre lo que es jurídicamente el consentimiento.

Esas imposiciones suponen aplicar fórmulas de laboratorio a problemas complejos, algo que los lleva a confraternizar con los populismos con un efecto, como mínimo, empobrecedor. Y es que gobernar o legislar con imposiciones ideológicas o bien crea falsos problemas o impide resolver los que sí son reales. Pienso en la inmigración ilegal masiva, o lo que hay en la base de la violencia doméstica o a qué responden otros fenómenos como la delincuencia juvenil o qué de realidad hay en el cambio climático. Y son unos ejemplos.

No repudio que el político tenga ideología –hasta ahí podríamos llegar– y que con base en ella ofrezca sus opciones o apele a su bondad para resolver problemas; sí repudio la imposición contra la realidad o que para no contrariar su dogmas se exija al experto silencio y sumisión, en definitiva, que degenere en esas medidas de ingeniería social que han caracterizado a los regímenes dictatoriales y que son seña de identidad de las ideologías de raíz totalitaria, con sus dogmas y sus infiernos, a los que arrojan a los que considera antagonistas o, sin más, negacionistas. El fruto de esa ingeniería social es que o se crean problemas o los reales, lejos de encarrilarse, empeoran, con sufrimiento para no pocos.

José Luis Requeroes magistrado.