Una dimisión por el bien de Murcia

No debería Ciudadanos cantar victoria con la dimisión del presidente del Gobierno autónomo de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque, a poco que reflexionen en el partido naranja, comprenderán que de haber un vencedor en todo este episodio, sólo puede ser el político que ha decidido anteponer los intereses generales de sus conciudadanos a los propios, sacrificando un cargo respaldado por el voto mayoritario de los murcianos y renunciando a un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, como es el de la presunción de inocencia. La alternativa era, no lo olvidemos, o un gobierno tripartito detentado por el PSOE o llevar a la comunidad a un período de inestabilidad política, más lesivo si cabe cuando la región de Murcia daba pasos firmes para recuperarse de las consecuencias de la crisis económica.

Lo que estaba de antemano condenado al fracaso era el adelanto de elecciones que pretendía Albert Rivera, tentado por el nuevo reglamento electoral de Murcia, que si ciertamente beneficia en el reparto de escaños a las formaciones minoritarias –como Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida–, amenaza con hundir aún más al socialismo local. Al menos, ésa es la tendencia que registraban las urnas en las últimas elecciones celebradas –las autonómicas de 2015 y las generales de junio de 2016–en las que el Partido Socialista había descendido del 23,96 por ciento de los votos al 20,29 por ciento, mientras que el Partido Popular conseguía subir desde el 37,39 por ciento de los sufragios al 46,74 por ciento. Con estos datos, que, además, confirman las posteriores encuestas de opinión, nadie puede mantener que un Gobierno dirigido por los socialistas es lo que desea la mayoría de los murcianos. Como es impensable que Ciudadanos se prestara a esta maniobra de perdedores para arrebatar el Gobierno al nítido ganador de los comicios, la única interpretación válida es que el partido naranja ha cometido un error de cálculo al calibrar la resistencia del presidente murciano y, por ende, la del Partido Popular a seguir obedientemente el guión político-procesal al uso. El resultado, ciertamente, coloca a Albert Rivera ante el incómodo espejo de su doble rasero y no le suma un ápice de gloria a su «cruzada» por la regeneración. Al contrario, estamos convencidos de que cuando los procesos judiciales impulsados por el PSOE se sustancien, Pedro Antonio Sánchez se convertirá en el referente moral contra una mala manera de hacer política. En este sentido, cabe hacer una reflexión sobre lo que supone de perversión del sistema procesal español que la figura de la acusación popular se haya convertido en un mero instrumento de los partidos, en un arma arrojadiza, para atacar al adversario. No era ésa, sin la menor duda, la intención del legislador y, dado que parece ingenuo pedir contención a los políticos, es preciso proceder a una reforma que impida a los representantes por antonomasia del Legislativo extender sus disputas al ámbito del Poder Judicial, cuyos tiempos procesales, además, no pueden verse condicionados por presiones exteriores de ningún tipo. En el caso que nos ocupa, hasta 16 denuncias presentadas por los socialistas contra el hasta ayer presidente de Murcia habían sido ya archivadas por los distintos jueces. No se trata, en absoluto, de entorpecer la lucha contra la corrupción política en nuestro país, pero, al mismo tiempo, es importante recordar que ese combate no puede legitimar actitudes justicieras que, en aras de un fin noble, desprecian derechos fundamentales como es el de la presunción de inocencia, en actitudes propias de los viejos procedimientos inquisitivos.