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Al portador

El día que la «vice» Montero tuvo razón

«Eximir de la declaración del IRPF a los perceptores del SMI significa discriminar a millones de pensionistas. Imposible»

Gabriel García Márquez (1927-2014), el realista mágico por excelencia, con perdón –por incordiar– de Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), empezaba su más realista, pero siempre tan mágica como real, «Crónica de una muerte anunciada», con el insuperable «el día que lo iban a matar», heredado obvio del mítico «muchos años después» de «Cien años de soledad». El día que María Jesús Montero tenía que dar explicaciones en el Congreso de la necesidad de que los perceptores del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberían presentar la declaración de la renta estaba enferma. Una anécdota intrascendente, aunque con trascendencia política en un Gobierno confuso y multipartidista. La «vice» Yolanda Díaz, de designación en su día «podemita» y ahora de un «Sumar» en declive, sea eso lo que sea, ha logrado volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 mensuales «brutos» anuales, es decir, 16.576 euros «brutos» anuales, y hay que insistir en lo de «brutos», que quiere decir que incluyen los impuestos que llevan acarreados.

Los 16.576 euros «brutos» superan el límite de ingresos que exige presentar la declaración de la renta, algo que, sin duda, ignoraba la «vice» Díaz. La «vice» primera, María Jesús Montero, defiende que eso obliga a presentar la declaración de la renta. Hay razones poderosas, como que los pensionistas, perceptores de rentas similares, deben hacerlo. El «indepe» Rufián, al margen de su lenguaje escatológico –«el Gobierno la caga»–, habla del suplicio de hacer la declaración de la renta –lo mismo apunta Yolanda Díaz–, sin advertir que, si es así, será para todos los contribuyentes. La ministra de Hacienda, al César lo que es del César, en este caso, lleva la razón, al menos en el esquema impositivo del Gobierno de Sánchez. Eximir de la declaración del IRPF –no significa pagar, incluso a veces supondría lo contrario– a los perceptores del SMI discriminaría a millones de pensionistas y otros trabajadores con salarios precarios. Un dislate en la filosofía fiscal, sí, social-comunista del Gobierno, aunque Yolanda Díaz no lo entienda, y a veces tampoco el PP de Núñez Feijóo, justo el día que María Jesús Montero tuvo razón, paráfrasis –acaso mágica– de García Márquez.