López Miras exige «solidaridad» e «igualdad» a Sánchez en materia migratoria

Las relaciones entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pasan precisamente por el mejor momento. El último ‘encontronazo’ entre ambas administraciones ha sido a cuenta de la política migratoria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, convocaba este lunes en Madrid a las comunidades a la cuarta Conferencia Sectorial del área de Migraciones; un encuentro en el que se abordó también el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como la próxima puesta en marcha del renovado Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor a partir del 20 de mayo.

Una cita de la que el presidente autonómico, Fernando López Miras, esperaba poco o nada. «No hay ningún tipo de comunicación, no hay la más mínima lealtad por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas, ni la intención de poder llegar a un acuerdo», lamentaba López Miras. En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional apelaba a la «solidaridad» entre territorios, a la «igualdad» en ese reparto de inmigrantes y también a la cuestión de la financiación para poder acogerlos dignamente. Ahí, López Miras recordaba nuevamente que la Región de Murcia está infrafinanciada. «Necesitamos la financiación necesaria y suficiente para atender en condiciones humanitarias y de dignidad a estas personas que vienen, desde luego, huyendo de una pesadilla, huyendo de un drama», apuntaba el presidente regional.

Las desavenencias que tiene el Ejecutivo regional en esta cuestión confluyen en un nombre propio: el expresidente catalán huido en Waterloo, Carles Puigdemont. Por eso, Miras criticaba duramente que las comunidades autónomas no tengan ni voz ni voto en materia migratoria. «Ha preferido llegar a un pacto con un fugado de la Justicia. Un señor que ni siquiera puede estar en territorio español, porque sería arrestado», decía López Miras a la entrada del foro «En Futuro», que se celebraba este lunes en la capital murciana.

[[H2:«Mercancía de cambio»]]

En la misma línea se expresó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad del Ejecutivo autonómico, Conchita Ruiz, que asistía a esa reunión con la ministra Sáiz y con sus homólogos del ramo de las diferentes comunidades autónomas.

«Están utilizando a personas vulnerables como mercancía de cambio para contentar a sus socios catalanes, a través de medidas anticonstitucionales y poniendo en riesgo la integridad del Estado Español», apuntaba Ruiz al término de ese encuentro.

La titular de Política Social expresaba, en declaraciones a LA RAZÓN, «su más absoluto rechazo a la cesión de competencias a Cataluña en materia migratoria, porque incide aún más en la política de insolidaridad y desigualdad entre territorios».

Cartagena, parte afectada

La ciudad de la Región que más está sufriendo el problema de la inmigración es, sin duda, Cartagena. No han sido pocas las divergencias con el Gobierno central, que ha obligado a la ciudad portuaria a habilitar espacios ‘improvisados’ para la acogida de esos inmigrantes que, en ocasiones, no reunían unas mínimas condiciones de seguridad, tal y como aseguraban desde el Consistorio. Es el caso del antiguo Hospital Naval de la ciudad.

Por eso, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en declaraciones a este periódico, aseguraba que le gustaría que «en una de estas reuniones se decidiera abordar este asunto como un problema de Estado y no improvisar ante cada emergencia, ni usar la inmigración y las fronteras para pagar la permanencia en La Moncloa», reflexionaba la primera edil.

Un drama, el de la inmigración ilegal que, lejos de generar unidad y entendimiento, está provocando tensiones entre las diferentes administraciones, que tienen una visión muy diferente sobre cómo abordar este siempre polémico asunto.