Tensión en «Sanse» por el caso del censo irregular

Que saliera a la luz la desaparición de casi 4.544 personas del censo de San Sebastián de los Reyes en los últimos cuatro años (1.865 en los últimos doce meses), coincidiendo con el gobierno de coalición PSOE-Cs, ha levantado una polvareda. A primera hora de ayer, desde el gobierno municipal se emitía un comunicado confirmando la «baja injustificada, sin conocimiento de los afectados y sin seguir el procedimiento administrativo reglamentario».

Y no solo eso. Aclaraba que el procedimiento se siguió «a sabiendas de lo que se estaba haciendo» ya que, después de las elecciones del 4 de mayo de 2021, un habilitado nacional avisó a los responsables del padrón de que las bajas de los vecinos «no se estaban llevando a cabo de manera reglamentaria y que debían proceder como establece la ley».

El Ayuntamiento asegura que hay «pruebas fehacientes» de todo lo que ha ocurrido, motivo por el que ha apartado a los dos funcionarios a los que ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo durante seis meses y ha sido el origen de un expediente disciplinario.

El actual equipo de Gobierno, al frente del cual se encuentra la popular Lucía Fernández, ha tachado lo ocurrido como «uno de los episodios más graves ocurridos en la etapa democrática en nuestro ayuntamiento al haber privado de derechos fundamentales a miles de vecinos, entre ellos el derecho al voto». De momento, en el Ayuntamiento ya se están tramitando las altas en el padrón de los afectados que ya lo han solicitado, pero el equipo de gobierno también prevé emprender acciones judiciales. De hecho, la idea es presentar toda la documentación que acredite lo ocurrido ante la Fiscalía esta misma semana.

«Yo no he venido a gobernar de perfil: somos contundentes ante las presuntas irregularidades cometidas en el anterior mandato y vine a limpiar San Sebastián de los Reyes por dentro y por fuera», dijo ayer a través de las redes sociales la alcaldesa de San Sebastián, Lucía Fernández.

A sus declaraciones siguió toda una cascada de reacciones de miembros del PP, entre ellos el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. «Es un hecho objetivo que más de 4.000 personas han desaparecido del padrón municipal de San Sebastián de los Reyes en los últimos años y estamos hablando de delitos muy graves si se demuestra el alcance de los mismos. Desde el PP de Madrid, todo nuestro apoyo a la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, que ha denunciado estos hechos y que, desde luego, supondrían conculcar algo tan básico como el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho en las pasadas elecciones», manifestó.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, también aseguró que «si la noticia publicada sobre lo sucedido en San Sebastián de los Reyes es cierta, estaremos ante un nuevo escándalo de un alcalde socialista en la región», dijo. «Estaríamos ante una merma de los derechos de los vecinos que debe ser investigada», dijo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid.

Sorprendentemente el secretario general de los socialistas, Juan Lobato, eludió pronunciarse sobre el tema en cuestión argumentando desconocimiento sobre el mismo, al igual que el portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, instó a que «se investigue todo lo que se tenga que investigar».

Los dos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo emitieron un comunicado defendiéndose de las acusaciones en el que exponen que «es absolutamente falso que por nuestra intervención se haya borrado del censo electoral a 4.544 residentes del municipio sin conocimiento de los afectados».

Detallan que «todos los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente, realizando las notificaciones establecidas en la ley (...) Nos hemos limitado a tramitar los expedientes en función de la información aportada por los funcionarios del servicio de atención ciudadana».

Por último niegan que lo ocurrido sea motivo de «alarma social porque no ha existido reclamación alguna al respecto, por lo que consideramos que la decisión adoptada es arbitraria y absolutamente injusta. Las bajas se han dado donde los empadronamientos eran irregulares y todas tienen como base la existencia de una irregularidad, comprobada en el oportuno expediente, siendo imposible saber cual es la tendencia ideológica de los afectados, por lo que nos están imputando actuaciones irregulares de forma gratuita y tendenciosa», relatan los dos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo.