Madrid deniega 7.706 licencias de VTC a Cabify: "No cumple la ley"

La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid ha denegado la petición de 7.706 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) solicitadas por parte de sociedades del grupo Cabify en el marco de un proceso judicial que se remonta a 2018.

En concreto, se trata de un paquete de autorizaciones que Cabify pidió el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera entrar en vigor un decreto que limitaba la ratio de VTC a solo una por cada 30 de taxi.

Según la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), ese día se solicitaron hasta 25.000 licencias de VTC en la Comunidad de Madrid. Tras varios recursos presentados por Maxi Mobility, filial de Cabify, el Tribunal Supremo ordenó abrir el proceso de nuevo y dejó en manos del Gobierno regional resolver sobre las autorizaciones VTC solicitadas.

En 2018, el Gobierno regional denegó las solicitudes de VTC aplicando el criterio 1/30 (relación de vehículos de transporte sin conductor por cada taxi). El Gobierno actual aprobó una ley en junio del año pasado para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades, después de que la justicia europea tumbase la ratio 1/30 pero dejase la puerta abierta a restringir nuevas licencias por esos dos motivos.

La Comunidad ha denegado estas licencias al considerar que "no cumplen con algunas de las condiciones de la ley, como, por ejemplo, que los vehículos no estén domiciliados en su ámbito territorial o la imposibilidad de la empresa para acreditar su disposición en virtud de un título de propiedad o arrendamiento de larga duración", han indicado fuentes de la Consejería de Transportes.

Recurso de Cabify

Tras la resolución de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, Cabify ha anunciado que presentará un recurso en el ámbito judicial, "donde ha habido numerosas resoluciones a lo largo de los últimos años que han confirmado que diferentes Administraciones Públicas han actuado de forma contraria a derecho, incluida la Comunidad de Madrid".

En un comunicado, la compañía ha recordado que "prácticamente todas" las licencias VTC otorgadas en España en los últimos 15 años "son el resultado de sentencias judiciales que revocan decisiones de administraciones autonómicas que rechazan la concesión de licencias VTC como estas".

En este sentido, la empresa ha subrayado que no se ha cumplido con el mandato de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la retroacción de actuaciones para que se respondiese de nuevo a la solicitud acorde a la regulación existente en 2018, "y sin tener en cuenta el ratio de 1:30, declarado contrario al Derecho Europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Frente a ello, desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se ha apuntado que la Comunidad de Madrid ha cumplido "escrupulosamente" con lo dictaminado por el Tribunal Supremo, que ordenó la retroacción de las actuaciones en diversos procedimientos para subsanar las solicitudes que presentaron los VTC el 20 de abril de 2018.

"La Dirección General de Transporte y Movilidad ha aplicado la normativa vigente que es que estipula la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres", han subrayado a Europa Press fuentes de este departamento.

Además, desde la Consejería han remarcado el derecho que tienen los ciudadanos "de elegir libremente cómo quieren realizar sus desplazamientos", al tiempo que la Administración "tiene la responsabilidad de dotarle de todas las alternativas para ello, garantizando su movilidad".

Por su lado, Cabify ha lamentado que se pierda "esta oportunidad de dotar a Madrid de un servicio de transporte público discrecional a la altura de lo que necesitan los ciudadanos y visitantes de la región" y ha recordado que el número de taxis y VTC por cada 100 habitantes en Madrid "es tres veces menor que el de otras ciudades en Europa, como Londres o París".

"Los residentes, visitantes y empresas son los verdaderos perjudicados por esta decisión, ya que con esta resolución seguirán sufriendo la escasez de alternativas de movilidad sostenible", ha alegado Cabify, que subraya que el 78% de los madrileños afirma que ha encontrado dificultades para acceder a servicios de taxi o VTC por los largos tiempos de espera o la falta de disponibilidad de vehículos.

Necesidades de movilidad cubiertas

La Comunidad de Madrid ha resaltado además que tiene como "objetivo prioritario" que los servicios que se prestan en la región "cumplan con los requisitos de calidad y seguridad suficientes para que los ciudadanos puedan disfrutar de unas buenas prestaciones" y, por ello, se ha tenido en cuenta "las necesidades de movilidad del conjunto de la población que deben ser atendidas, en base a criterios objetivos de gestión del transporte".

Así, ha aludido a un estudio elaborado por la Dirección General de Transportes para subrayar que la oferta de vehículos por hora es de 2 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que la demanda es de 1,47, "por lo que actualmente las necesidades de movilidad y la oferta de transporte existente está suficientemente cubierta".

El mencionado estudio ha tenido en cuenta la oferta de transporte público de la Comunidad de Madrid, que incluye la red de Metro y Cercanías, los autobuses urbanos e interurbanos y otras nuevas modalidades de movilidad utilizadas por los usuarios, como son el patinete eléctrico y la bicicleta.

Finalmente, Cabify ha hecho hincapié en que "siempre ha trabajado y trabajará para defender el sector de la movilidad urbana y seguirá en esta línea, fortaleciendo además la relación con sus flotas colaboradoras y los trabajadores que hacen posible esta modalidad de transporte".