El fiscal pide 77 años de prisión para el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, al considerarle responsable de tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones.

Por muchas cuentas que echáramos sumando las penas establecidas para cada delito cometido por el «pederasta de Ciudad Lineal», según el artículo 76.1 del Código Penal vigente en la fecha de comisión de los hechos, el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena será de 25 años. Será el tiempo máximo que Antonio Ángel Ortiz, el hombre que destrozó las vidas de cuatro niñas y sus familias hace ya casi dos años, pasará en prisión. Eso sí, ya lleva en preventivo (primero en Soto del Real y luego en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha) desde el 26 de septiembre de 2014. La Fiscalía ya ha terminado su escrito de acusación, en el que pide 77 años para él. Le acusa de cuatro delitos de detención ilegal, tres de agresión sexual, uno de violación y dos de lesiones.

A pesar de que Ortiz sólo podría pasar 25 años en la cárcel, los juristas explican que, al cumplir las tres cuartas partes de su condena, podría disfrutar de la libertad condicional. Una condena desoladora para los familiares de las víctimas. En el escrito del Ministerio Público, fechado el 7 de marzo, el fiscal solicita también diez años de libertad vigilada y una indemnización de 426.300 euros para las cuatro menores por las lesiones físicas y los daños morales causados. El fiscal también solicita que se prohiba al procesado que se aproxime a sus víctimas a menos de un kilómetro de distancia y que no pueda comunicarse con ellas en un periodo que oscila entre un máximo de 24 años y seis meses y un mínimo de cuatro años y seis meses para otras. Aunque el juicio se celebrará este año (la instrucción, de hecho, ya ha finalizado) y la condena aliviará de alguna forma el daño causado a esas familias (las niñas, probablemente ni se enteren), nadie olvidará los meses en los que «el pederasta de Ciudad Lineal» tuvo a Madrid en un sinvivir tras cometer el delito más infame que pueda existir con periodos de dos meses de intervalo. Los vecinos de Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas (los distritos acotados en el marco de la «operación Candy») y los agentes de la Policía Nacional que investigaron el caso, recuerdan la primavera-verano de 2014 con horror. Porque, aunque el primer caso que trascendió a la prensa fue en abril de hace dos años, su primera agresión tuvo lugar siete meses antes.

Según el relato de los hechos que recoge el fiscal, el 24 de septiembre Antonio Ortiz aborda a una niña de cinco años en un parque de la calle Rioconejos diciéndole que conocía a su madre y que tenía que darle unas bolsas. Así, la menor se introdujo en su vehículo y Ortiz la condujo hasta un lugar que, según el Ministerio Público, no ha podido ser precisado, donde la obliga a quitarse la ropa. Tras agredirla sexualmente y obligarla a que le practicara sexo oral. Más tarde, la abandona en una caseta de jardinería de la avenida Arcentales y después fue auxiliada por dos personas junto a la boca de metro de Simancas. La Fiscalía le acusa por este caso detención ilegal y agresión sexual. La Policía sospecha que, hasta consumar su segunda víctima, Ortiz lo intentó en varias ocasiones. De hecho, los investigadores están convencidos de que se encontraba tras un intento de rapto a una niña japonesa el día 10 de abril de 2014. No lo consiguió y volvió a la carga. Desgraciadamente, se salió con la suya. Fue esa misma tarde, en la calle Cidamón. La víctima, una niña española de 9 años. Con la excusa de que debía probarse ropa «de modelo» (le dijo que su madre ya estaba en el coche esperándola) convenció a la menor para que se fuera con él. Ya en el coche le dio tres pastillas y la llevó al «piso de los horrores»: el 4ºA de la calle Santa Virgilia, 3. Allí la sometió a vejaciones y la agredió sexualmente. Después la obligó a ducharse y la abandonó, aún bajo los efectos del sedante, en la boca de metro de Canillejas. La Fiscalía pide por este caso detención ilegal, violación y lesiones. Poco más de dos meses después (era su frecuencia de actuación) abordó a una niña de origen chino en la calle Luis Ruiz. Fue el 17 de junio y la menor tenía 6 años aunque aparentaba muchos menos. Según la Fiscalía, no se puede probar que la llevara al piso de Santa Virgilia, pero abusó de ella de forma sobrecogedora. Fue la que presentó las lesiones más graves. A pesar de ello, le imputan por este caso detención ilegal, agresión sexual (no violación) y lesiones. La cuarta y última víctima fue una niña de origen dominicano de 7 años. El 22 de agosto la abordó en la calle Gomeznarro y la llevó a un descampado de Mequinenza. La agredió sexualmente y la dejó allí. Su declaración fue clave para identificar a Ortiz, que huyó a Santander, donde fue detenido un mes después.

Durante el juicio, declararán especialistas de Análisis de Red del Área de telecomunicación de la Policía, especialistas en ADN de Policía Científica, especialistas en balística y psicólogos y médicos forenses. También se reproducirán las exploraciones (declaraciones) de las menores practicadas en fase de instrucción.