Soria paraliza el almacén Castor hasta que se garantice la seguridad

El Gobierno admitió ayer que existe una «relación directa» entre los seísmos registrados durante los últimos días en varios municipios cercanos a Vinaròs, incluidos algunos de la provincia de Tarragona, y la inyección de gas en el almacén submarino Castor. Por ello, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que la actividad de esta empresa seguirá paralizada hasta que se pueda asegurar que la población no corre peligro.

La empresa no ha realizado trabajos desde el pasado 26 de septiembre, cuando se le ordenó detenerlos con el objetivo de determinar por qué había aumentado la actividad sísmica de esta zona, donde no se sentían terremotos desde 1975, cuando se produjo uno de 3,8 de magnitud en la escala Ritcher, según apuntó el responsable de la Unidad de Registros Sísmicos de la Universidad de Alicante, José Juan Giner.

El problema es que solo durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer se registraron hasta 30 movimientos de tierra, dos de ellos de intensidad 4,1. Soria admitió que aunque el origen está claro, todavía no se conoce con exactitud qué es lo que provoca estos episodios. En función de lo que digan estos estudios se tomará una decisión.

La alarma social provocada por estos terremotos crece conformen pasan los días y todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Los expertos temen que continúen los movimientos y no pueden precisar cuál será su magnitud.

Los Gobiernos valenciano y catalán, tanto autonómicos como locales, comienzan a exigir responsabilidades a aquellos que dieron la autorización ambiental de un proyecto en el que, según aseguró el propio ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, nunca se tuvo en cuenta la posibilidad de que la inyección de gas frente a las costas de Vinaròs pudiese producir seísmos.

La consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig, aseguró que la Generalitat exigirá responsabilidades si la declaración ambiental fue incompleta. Esta autorización se dio en 2009, cuando en el Gobierno central gobernaba el PSOE.

Por su parte, el conseller de Presidencia de la Generalitat catalana, Francesc Homs, anunció ayer que sus servicios jurídicos estudian emprender acciones para buscar responsables. Además, estudian los daños producidos por los terremotos.

Pero sin lugar a dudas, fue el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, quien se atrevió a concretar el objeto de sus acciones legales.

Dijo que irá contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación del almacenamiento en el caso de que haya indicios de negligencia. Esto es, con nombres y apellidos, a los socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos.