La juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado a otras 15 personas, entre las que se encuentran dos cargos de UGT Andalucía y de CC OO a nivel nacional, además de un responsable de la federación de empresas cooperativas Faecta, por irregularidades en formación. El cooperativismo es precisamente uno de los flancos a los que la presidenta Susana Díaz quiere extender la concertación social, después de los procesos judiciales que hay detrás del reparto de fondos a los tres actores clásicos de la concertación: UGT, CC OO y la patronal andaluza CEA. Los imputados en la macrocausa de los ERE, que comenzó a instruirse en enero de 2011, ascienden ya a 166. La mayoría de las imputaciones se derivan del atestado ampliatorio de la Guardia Civil sobre la actividad de Vitalia, una de las empresas mediadoras que, junto a Uniter, recibieron 66 millones de euros en sobrecomisiones. La magistrada, en un auto fechado el 15 de abril consultado por este periódico, imputa a Manuel Morales Larrubia, en la actualidad secretario general de la Federación Provincial de Jaén de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT). El citado sindicalista fue incluido a instancias de un directivo de Vitalia como intruso en la empresa Gres Vilches. Es llamativo que se encuentra dentro de un grupo llamado por la propia Vitalia intrusos «especiales», cuyos datos se custodiaban con especial cautela. También imputa Alaya a José Luis Montesinos Moreno, secretario general de la Federación de Industria, Química y Textil de CC OO a nivel nacional (Fiteqa), «quien sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos de sus miembros», entre ellos la viuda de un ex cargo de Fiteqa. «Los sindicatos –recoge el auto– se convertirían para Vitalia en una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de la plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora, bajo la justificación de "toma de datos de los trabajadores"o incluso "cálculos (actuariales) de contraste"». El voluminoso atestado de la Guardia Civil sobre la «trama de la Sierra Norte de Sevilla», uno de los epicentros del caso por la concentración de ayudas –el holding empresarial de dos ex concejales del PSOE, José Enrique Rosendo y José María Sayago, recibió más de 34 millones de euros en subvenciones– se traduce en nuevas imputaciones. Entre ellas las de Manuel Valdecantos Lora y Pascual Caputto, ambos vinculados al Grupo Barbadillo, que entró en un proceso de alianza con las empresas del tándem Rosendo y Sayago. A los dos los cita Alaya el próximo día 29, dentro de un nueva ronda de nueve declaraciones judiciales.