El jurado popular es una institución ajena a la tradición jurídica española que importó (1995) por ansia de notoriedad o por afición a los telefilmes estadounidenses Juan Alberto Belloch, reciente alcalde de Zaragoza y pretérito ministro bifronte del último Gobierno de Felipe González. La impecable sentencia condenatoria impuesta a Ana Julia Quezada no convencerá a este opinante de la conveniencia de poner la administración de justicia en las manos de unos cowboys ágrafos, pero sí ayuda a reconciliar a los contribuyentes con el sistema e incluso a que este país compruebe, por una vez, que está en condiciones de poseer una conciencia colectiva como nación, sin necesidad de que hasta los actos más unívocos lleguen preñados del embrión de una lucha de trincheras. El giliprogresismo más irreductible intentó, en efecto, alinearse con esta asquerosa infanticida cuando se supo de su crimen, en el entendido de que su condición de mujer, negra e inmigrante la convertía en una víctima propiciatoria del nacionalismo centralista, xenófobo y heteropatriarcal, una cabeza de turco (¡infeliz expresión!) para ser exhibida por la ultraderecha retornante. Nada menos que en Almería, la provincia en la que Vox obtuvo los mejores resultados porcentuales en las autonómicas del 2 de diciembre pasado. La elocuencia de los hechos, sin embargo, ha prevalecido por una vez sobre la superchería izquierdista, de modo que nadie ha chistado contra la cadena perpetua dictada, una pena a la que quizá sólo cabe reprochar su excesiva benevolencia en esa adenda, «revisable», que insinúa redención para quien sólo alberga maldad. Pero no hay nada que hacer porque nuestro Código Penal no da para más y llegó demasiado tarde la reforma que hubiese permitido encerrar hasta su expiración a tanto hideputa con txapela.