Los funcionarios ponen deberes de «primera necesidad» al nuevo Gobierno andaluz

El SAF insta al equipo de Moreno a «despolitizar» la función pública, a derogar la «Ley del Enchufismo» y a suprimir los entes «innecesarios»

En el presente continuo que supone el relevo a los mandos del Gobierno autonómico, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha movido ficha. Ha registrado en la Junta un documento cargado de metas precisas a las que llegar, de las «cuestiones de primera necesidad» que, a juicio de esta organización sindical, debería afrontar el nuevo Ejecutivo regional en el ámbito de la Administración. Para empezar, el SAF aboga por «despolitizar la función pública» por lo que proponen suprimir «todos los puestos de libre designación», los otorgados «a dedo», como «forma de provisión» de plazas y que se ocupen todas «mediante concurso de méritos y no al capricho del político de turno». «Se tiene que abordar urgentemente una modificación de todas las relaciones de puesto de trabajo –RPT– y eliminar los puestos ‘a dedo’», reclaman desde el sindicato.

Piden también que se derogue la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, la bautizada como «Ley del Enchufismo», gracias a la que «entraron a formar parte de la Administración miles de ‘enchufados’ provenientes de fundaciones, empresas públicas y demás chiringuitos del entramado de la ‘Administración paralela’». En ese punto recuerdan que «numerosos informes» de la Cámara de Cuentas regional «corroboran» que ese personal «accedió sin procesos selectivos amparados en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Otra idea que para los miembros del SAF tiene carácter de convicción es que se ha de fijar «el sistema de oposición como único procedimiento en el acceso inicial a la condición de funcionario de carrera en la Administración andaluza», al ser, a su entender, «el más justo», en el que los aspirantes «compiten en igualdad», y dejar el «concurso-oposición» únicamente «para la promoción interna». El sindicato fija su atención además en el aluvión de entes existentes en el sector que son «innecesarios y superfluos» y que «sólo han tenido como función principal la de servir de agencia de colocación por afinidad familiar y política del partido gobernante durante 37 años», esto es el PSOE-A. «Hay duplicidad de organismos para una misma competencia», avisan desde el SAF.

Suman que «el excesivo peso de la masa laboral –personal externo– sobre la funcionarial, cuyos datos son alarmantes», hacen necesario que se mire a «la Disposición Adicional 16ª del Estatuto de los Trabajadores, referida al despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público», que «sería aplicada como causa de la derogación de la Ley 1/2011» y de que se fulminen «fundaciones» y demás organismos sobrantes. Ello permitiría «un ahorro considerable en la prestación de los servicios públicos» que correría a cargo del «personal funcionario de las consejerías y las delegaciones territoriales», mantienen.

Otra de las cuestiones que han traslado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, es que «la negociación en el ámbito de la Administración General ha brillado por su ausencia» con los gobiernos socialistas. Aseveran que han sido «años de política del ordeno y mando, con la inestimable colaboración de los tres sindicatos de clase, CSIF, UGT y CC OO, más preocupados de sus prebendas que de defender a los funcionarios». En ese sentido, lamentan que, pese a sus «innumerables peticiones» para que se constituyera la Mesa General de Funcionarios, «prevista en el articulado del Trebep –el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público–», ésta no se ha conformado porque los socialistas hicieron «oídos sordos».

El SAF apuesta por el diseño de una «nueva Ley de Función Pública» ya que, la que está en vigor –la Ley 6/1985–, «con 34 años, ha quedado totalmente obsoleta». Junto a ello hilvana que «la falta de delimitación de las potestades administrativas» de los funcionarios ha posibilitado que «personal laboral subrogado haya llegado incluso a ejercerlas». Por ello, fuentes del sindicato consideran «imprescindible» que se demarquen de forma acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Creen, por último, que el cambio en la Junta constituye una oportunidad para implantar el teletrabajo, desarrollado ya en «numerosas administraciones públicas en España». «Motivos hay de sobra –explican–, entre los que destaca el poder conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios», en especial en casos de «discapacidad», de «víctimas de violencia de género», de «personas con menores a cargo»...

La ecuación es simple para ellos: el cambio ha de notarse.

Más datos

*El sindicato de funcionarios ha pedido al equipo de Juanma Moreno la anulación de una serie de «preceptos legales y reglamentarios».

*Sitúa entre ellos la Ley 2/2016 de 11 de mayo, por la que se modificó la 6/1985, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos.

*A ella engarza el Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril que regula las bolsas del personal interino; y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, ligado al reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios.