El choque diálectico entre la presidenta de la Junta y el líder del PP-A giró en buena medida en torno a la economía y las medidas puestas en marcha para la creación de empleo. Juanma Moreno aprovechó la cercanía del 28F para hacer un análisis menos triunfal del desarrollo autonómico. El relato del desaprovechamiento de los recursos internos y externos – a través de transferencia del Gobierno y de la UE– para que la comunidad dé el salto definitivo después de casi 40 años de gobiernos socialistas no es novedoso. En él se está empleando con doble esfuerzo el PP ahora que comienza a verse el final de la legislatura. Moreno afeó en este sentido que la Junta haya dejado de ejecutar 9.000 millones de euros en inversiones desde que Susana Díaz llegó al cargo en septiembre de 2013; recordó los 35.000 millones de euros a través de mecanismos de liquidez que ha recibido Andalucía desde que los puso en marcha el Ministerio de Hacienda en 2012; e hizo hincapié en la parálisis de la formación. Hay que tener en cuenta que la formación de desempleados se ha iniciado al ralentí mientras que la de ocupados lleva parada desde hace más de un lustro. La última convocatoria fue la de 2011.

Bajando a los casos concretos para ilustrar la deficiente gestión de la Junta, Moreno aludió al cierre de los centros de formación aeronáutica de San Fernando, en Cádiz, donde impartían cursos empresas del ex consejero socialista investigado Ángel Ojeda Avilés; y de San José de la Rinconada, en Sevilla. Este último centro estaba gestionado por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), también incursa en el procedimiento abierto en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Se da la circunstancia de que Airbus Military le donó un avión C212 en el año 2011 con el objetivo de potenciar las prácticas que hasta entonces se hacían a través de simuladores informáticos. Pero el destino de la aeronave en la actualidad es una incógnita. «No hay formación pública aeronáutica porque usted se la ha cargado», señaló Juanma Moreno al tiempo que preguntó por el paradero del avión de Airbus y del resto del material. En las antiguas instalaciones hay ahora instalada una empresa de máquinas expendedoras.

La presidenta de la Junta reaccionó asegurando que la Junta ha pagado 1.800 millones de euros, «un precio de usura», por los mecanismos de liquidez de los que se sigue beneficiando la Junta, ya que la última asignación ha sido de 2.500 millones, pese a que en los presupuestos de este año se establece que el Ejecutivo ya está en condiciones de acudir a los mercados y por tanto prescindir de estas transferencias. Por otra parte, los retrasos en la formación los achacó –tampoco es nuevo este argumento– a la actuación del PP en su denuncia de irregularidades que según el relato de la Junta no tienen ningún fundamento porque los está archivando la Justicia.

Con todo, Susana Díaz tenía reservado un golpe de efecto en términos económicos: el cumplimiento del déficit de 2017. Según la presidenta de la Junta, la comunidad cerró el pasado ejercicio con el 0,3 por ciento, por debajo incluso de lo que le exigía el Gobierno: 0,6 por ciento. «Hemos cumplido a pesar de estar en desacuerdo con el objetivo fijado», dijo subrayando que es el tercer año consecutivo que se consigue. Ciertamente no es el tercer año que se consigue. Un año más Susana Díaz adelanta los datos del cierre contable que le suministra la Intervención General de la Junta de Andalucía, pero ahora estos datos los tiene que validar la Intervención General del Estado como paso previo al envío a Bruselas. No es la primera vez que hay sorpresas cuando se conocen los datos finales. El Ejecutivo andaluz también presumió a principios de 2016 del cumplimiento del objetivo de déficit en 2015 y a las pocas semanas le remitió el ministro Montoro una carta para que recortara 600 millones porque Andalucía se había desviado por encima del 1 por ciento cuando el objetivo era el 0,7.