El trámite de las cuestiones previas puede retrasarse al 9 de enero.

En la Audiencia de Sevilla, todos los viajes son de regreso. El presente, y el futuro, del «caso ERE» es un destino de vuelta a una instrucción, iniciada por la jueza Alaya, que arrancó hace ya para 7 años. El discurrir del juicio de la pieza del «procedimiento específico» de los ERE apunta, según fuentes del caso, a que los principales investigados no comenzarán a declarar hasta febrero del año próximo. Todo apunta a que las cuestiones previas se pospondrán al reinicio de las vistas el 9 de enero.

La segunda jornada del juicio se centró en la lectura de los escritos de los abogados de nueve de los investigados. Sólo la defensa de Viera rehusó la alocución. Faltan la de 12 investigados, ya que por parte de Guerrero no se presentó escrito de conclusiones provisionales. Se ausentó, con permiso judicial, la defensa del ex director de Presupuestos Antonio Lozano, que tenía una consulta médica. «Manuel Chaves ni conoció ni pudo conocer el sistema de concesión de ayudas sociolaborales. Nadie le avisó de las irregularidades ni el interventor general consideró hacerlo», señaló su defensa. Por parte de Griñán, se insistió en que no intervino en la tramitación de las ayudas ni conocía el uso irregular de los fondos públicos.

Los informes de la Intervención General alertando de las irregularidades «nunca se elevaron» a José Antonio Griñán. Tampoco el informe de cumplimiento de 2003 ni el adicional de 2005, señaló la defensa que ejerce José María Mohedano, que redujo la cuantía del fraude a unos 80,8 millones y no a los 741 millones presupuestados entre 2000 y 2010. Las presuntas irregularidades no estaban en el Presupuesto, en las transferencias de financiación o en las modificaciones presupuestarias, argumentó. En caso de existir, se situarían, esgrimió, en «la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L». «No hubo ninguna conspiración» para el fraude, insistió.

La segunda jornada arrancó a las 10:18 horas y concluyó a las 14:54. En el arranque, la abogada de Vallejo, Encarnación Molino, solicitó la lectura del escrito de conclusiones provisionales de la Junta de Andalucía, a lo que el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, se opuso señalando que «ya no es parte en el procedimiento» al revocar su acusación en su día al entender que no hay «trama criminal». El letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera, Rafael Castro, inició la lectura del escrito de Chaves; del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; y de Griñán, señalando que «nunca» intervino en la concesión concreta de las ayudas y «no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda». El abogado del ex consejero Antonio Fernández, que se ofreció a sustituir al secretario en la lectura, se apuntó un tanto con su exposición, más persuasiva que del funcionario. Martínez del Hoyo explicó que la intervención en todo momento habló de un empleo «inadecuado» pero no ilegal de la partida 31L, cifrando en un 0,3% los intrusos entre 6.300 trabajadores. Las ayudas para la prejubilación, recordó, tuvieron «el apoyo de todos los grupos» del Parlamento, señalando que el caso «se desarrolló hipertróficamente desde supuestos erróneos». La defensa de Zarrías recordó que «no hay ley ilegal» y que «las transferencias de financiación es la figura que recoge la ley», «un procedimiento similar a otras comunidades». Por Martínez Aguayo se destacó la inexistencia de «un sistema ad hoc» sino el uso de «un instrumento de financiación ordinario».