Mil dólares por señalar a un inmigrante en EE UU

Donald Trump ya está sumando nuevos aliados a su lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. Varios legisladores de estados republicanos han comenzado a proponer una ola de iniciativas que implicarían la participación de los ciudadanos estadounidenses para identificar y denunciar a los inmigrantes ilegales que viven en sus territorios. Algunos proponen crear el rol de «cazadores de indocumentados» entre la población, permitiendo a los propios vecinos delatar a indocumentados a cambio de una suculenta recompensa. En otros lugares, como Tennessee, se busca penalizar con hasta seis años de prisión a los funcionarios locales que apoyen las políticas de las llamadas «ciudades santuarios», aquellas que protegen a los extranjeros sin un estatus legal.

En Misisipi, el Proyecto de Ley 1484, que se ha presentado ante la Cámara de Representantes bajo el nombre «Programa Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Misisipi», ofrece una línea de contacto directa donde los ciudadanos puedan denunciar a los inmigrantes ilegales con el fin de «llenar una especia de vacío de vigilancia vecinal para las personas que tratan con delincuentes en el día a día», ha señalado el fiscal de distrito Matthew Barton.

En Misuri, el senador estatal David Gregory propuso una medida similar a finales del pasado diciembre en la que propone que el Gobierno ofrezca una recompensa de 1.000 dólares para aquellos que denuncien a personas indocumentadas en el país. «Cualquiera con licencia como agente de fianzas (profesionales con un permiso especial que pueden garantizar la puesta en libertad de una persona arrestada), agente general de fianzas o de recuperación, puede presentarse al programa», describe el Proyecto de Ley, que además propone la creación de un fondo financiero para cubrir las recompensas. En Oklahoma, la estrategia pasa por las escuelas públicas del estado. Los menores que decidan inscribirse deberán presentar una prueba de ciudadanía estadounidense, ya sea un certificado de nacimiento, un pasaporte o cualquier otro documento legal. Los menores indocumentados podrían registrarse en los colegios, pero entonces la dirección del centro tendría que denunciarlos si su estatus legal no es el apropiado, algo que entra en conflicto con un fallo de la Corte Suprema de 1982, Plyler Vs. Doe, que protege el derecho de estos menores a asistir a la escuela, sin importar su ciudadanía. Lo mismo ocurre en Florida, allí se aprobó una medida que obliga a las agencias estatales a cooperar con las autoridades migratorias federales. La iniciativa acaba de ser apelada y todavía está por ver como se resuelve. En Iowa y Dakota del Sur, se están centrando en los carnés de conducir, exigiendo una prueba de ciudadanía para concederlos, y en Montana, un grupo de legisladores pretende que durante las detenciones de tránsito también se hagan controles de estatus migratorio.

El gobierno busca aliados a pie de calle y trata de que sea el entorno de los propios indocumentados quienes les denuncien, abriendo así una veda peligrosa en un momento en que muchos extranjeros ilegales y legales se esconden en sus hogares y no salen a la calle por miedo a ser deportados, los primeros, o por temor a pasar el mal rato de ser detenidos, los segundos, por el simple error de estar el sitio inadecuado, en el momento inoportuno. Según explicó el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE UU, Michael Banks, durante una entrevista con Fox News, desde que Donald Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero, la entrada al país de inmigrantes indocumentados se ha reducido un 90%. «Todo lo que necesitábamos era un presidente que nos diera poder, un líder fuerte como Trump, y una Secretaria como Kristi Noem que supiera exactamente lo que tenemos que hacer para proteger la frontera», dijo durante la entrevista. Mientras en los territorios republicanos discuten sobre cuál es la iniciativa más eficiente para detener a personas sin estatus legal, en los estados demócratas tratan de tranquilizar a su población indocumentada, a pesar de que la nueva fiscal general de EE UU, Pam Bondi, haya suspendido la asignación de fondos del Departamento de Justicia para las «ciudades santuario», un concepto que nació en los años 80, en Chicago, cuando aproximadamente un millón de salvadoreños y guatemaltecos huyeron de su país buscando asilo en EE UU.