La decisión del Parlamento de «Macedonia» de adoptar la denominación de «Macedonia del Norte» y que se abandone definitivamente el título de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) es básicamente una cuestión semántica, pero que encierra una profunda cuestión que afecta a las relaciones internacionales no solo entre Grecia y el Estado vecino, sino que interesa al conjunto de la comunidad internacional. Por de pronto, la diplomacia rusa no ha dejado de señalar que el asunto debería ser tratado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de que se llegue a una solución satisfactoria. Una palabra o pocas palabras pueden encerrar una disputa de gran calado porque en ellas se resumen las posiciones esenciales de los Estados, sus reivindicaciones, incluso territoriales, y los valores y la identidad que define a los grupos humanos. Las palabras no carecen de importancia, aunque tradicionalmente la política exterior española, desde hace siglos, no le haya prestado la suficiente atención. Así, por ejemplo, el descuido en el empleo de la expresión «Iberoamérica» hace perder a nuestro país peso en el concierto internacional y, lo que es más importante, en una de las áreas junto a Europa que nos definen en nuestra acción exterior. España siempre pierde la «batalla de las palabras» y esto entristece mucho cuando se advierte cómo llegar a un consenso entre los Gobiernos de Skopje y Atenas ha estado a punto de provocar la caída del Gobierno griego. Con independencia de las posiciones de unos y otros, la expresión «Macedonia» es un asunto de gran importancia y los dos Estados, pero también la comunidad internacional, se ven compelidos a buscar una solución. Comprobamos que Estados que tienen menor proyección que España en la escena internacional proporcionan, en este sentido, una lección que seremos incapaces de aprender. No se trata, por supuesto, de defender posiciones nacionalistas que siempre deben ser rechazadas. Todo lo contrario. Se trata tan solo de expresar con nitidez la realidad que expresan las palabras y que queden cubiertos los legítimos intereses de los Estados.