El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy no logró hoy que el Tribunal Supremo descartara como prueba unas agendas que le fueron confiscadas en la investigación del llamado "caso Bettencourt"y que podrían comprometerle en varios procesos judiciales.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy no logró hoy que el Tribunal Supremo descartara como prueba unas agendas que le fueron confiscadas en la investigación del llamado "caso Bettencourt"y que podrían comprometerle en varios procesos judiciales.

Sarkozy y su defensa se escudaban en el artículo 67 de la Constitución francesa, que concede ciertos privilegios judiciales a un presidente en ejercicio a la hora de ser investigado.

Pero los magistrados de ese tribunal no entraron en el fondo de esa cuestión jurídica y consideraron que el recurso en el que reclamaba sus agendas carece de sentido, pues el político conservador dejó de estar imputado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Otras diez personas sí permanecen imputadas en la causa sobre la presunta financiación ilegal de parte de la campaña que en 2007 llevó a Sarkozy a la presidencia francesa, entre ellos su tesorero de campaña y posterior ministro de Presupuesto, Eric Woerth.

Esas agendas, que podrían implicar al expresidente conservador al menos en otras tres investigaciones, podrán seguir utilizándose como prueba hasta que un imputado cuestione su uso en el marco de otra instrucción, señaló hoy el abogado de Sarkozy, Patrice Spinosi.

Se trata de un elemento importante porque a Sarkozy también se le investiga, entre otros asuntos, para aclarar si benefició a su amigo Bernard Tapie en el arbitraje privado que falló a favor del empresario y en contra del Estado por la venta de Adidas.

Fue el colofón a un proceso judicial de dos décadas que en 2008 se saldó con una indemnización para Tapie de 403 millones de euros (unos 520 millones de dólares) que salieron de las arcas públicas francesas.

Además, las agendas podrían arrojar luz sobre las supuestas donaciones ilegales para su campaña que el entonces dictador libio Muamar el Gadafi pudo haber entregado a Sarkozy, jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.

Fueron precisamente esas pesquisas sobre la conexión de Sarkozy con Gadafi -fallecido en 2011 al final de la guerra civil libia en la que intervino la fuerza aérea de la OTAN, a la que Francia aportó un contingente- las que llevaron a la fiscalía a pinchar el teléfono del expresidente.

Y a través de esas escuchas se encontraron indicios de que Sarkozy y su abogado Thierry Herzog podrían estar presionando a un juez del Tribunal Supremo para ganarse sus favores e información bajo secreto de sumario relativa al fallo sobre las agendas, a cambio de impulsar su carrera en la magistratura.

El pinchazo del teléfono al expresidente y su letrado ha generado polémica entre los abogados en Francia, que ven una posible vulneración del derecho a la defensa y han trasladado su malestar al Gobierno y al actual presidente, el socialista François Hollande.

La ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, zanjó ayer el tema diciendo que no pensaba garantizar la impunidad de nadie porque ejerciera una profesión en particular.

Pero el partido de Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), ha pedido una comisión parlamentaria para dilucidar si la Justicia puede escuchar las conversaciones entre un expresidente y su abogado, mientras que esa formación se pregunta si Hollande estaba al corriente de las polémicas grabaciones.

"No hay ninguna intromisión de la ministra de Justicia o del Ejecutivo en el desarrollo de las instrucciones judiciales. Es la garantía que debo, que quiero dar a los ciudadanos", declaró hoy el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault.

Desde la oposición se insinúa que el Ejecutivo socialista pudo presionar al poder judicial para comprometer aún más al expresidente, a poco más de dos semanas para que se celebren elecciones municipales en Francia.