Los jueces, el último escollo para Trump

Donald Trump avanza como favorito para ganar la nominación de su partido de cara a las presidenciales de noviembre. A estas alturas, lo más seguro es que los electores se topen en las urnas con una revancha de los comicios de 2020, cuando Joe Biden le venció.

A nivel electoral, a pesar del tumultuoso 2023 que tuvo –enfrentando cuatro acusaciones criminales y múltiples juicios civiles– no solo Trump ha liderado las preferencias para la nominación presidencial republicana, sino que en dos ejemplos fehacientes de su poder político ha ganado las dos primarias en disputa hasta el momento. A sus votantes no les asusta que Trump enfrente 91 cargos criminales, tanto a nivel estatal como federal, declarándose no culpable de todos. Por el contrario, tanto a nivel político como legal su equipo ha explotado la narrativa de que todo se trata de una persecución, una «cacería de brujas».

La primera gran acusación fue por el caso criminal por pagos de silencio en Nueva York. Trump se presentó el pasado 4 de abril ante las autoridades en una diligencia que le convirtió en el primer presidente en ser acusado penalmente en la historia. El caso se centra en supuestos pagos de silencio realizados por el exabogado de Trump, Michael Cohen, en nombre del expresidente a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. A Trump se le imputaron 34 cargos de falsificación de registros comerciales, con una pena máxima de 136 años de prisión. Se declaró no culpable de todos ellos.

El juez del caso fijó la fecha del juicio en la corte estatal para el 25 de marzo. El fiscal de distrito del estado, Alvin Bragg, ha expresado disposición para posponer el juicio para dar prioridad al juicio federal por interferencia en las elecciones, pero hasta ahora, la fecha del juicio no ha cambiado.

Luego vino el caso criminal por documentos clasificados a nivel federal. Fue la primera acusación de esta índole acusado por un gran jurado en Miami. Se le imputaron 40 cargos, incluyendo la retención intencionada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia, declaraciones y representaciones falsas y ocultamiento corrupto de un documento o registro.

Trump recibió su tercera acusación criminal el 1 de agosto de 2023, después de que un gran jurado federal lo acusara por sus presuntos esfuerzos para interferir en las elecciones presidenciales de 2020, incluido el asalto al Capitolio el 6 de enero. Por estos hechos se le imputaron cuatro cargos, incluyendo conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para obstruir un proceso oficial.

Tal vez el que más problemas a nivel electoral puede traerle a Trump, es el caso criminal por interferencia en las elecciones de Georgia. Esa cuarta y última acusación penal en su contra llegó el 14 de agosto de 2023. Junto con 18 coacusados, Trump fue acusado de cargos criminales por sus presuntos esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales en ese estado. En total, Trump enfrentó 13 cargos, incluyendo la solicitud de violación del juramento de un funcionario público, presentación de documentos falsos, conspiración para cometer la suplantación de un funcionario público y conspiración para cometer falsificación en primer grado.

Todo ello sin entrar en detalles sobre los dos juicios civiles que ha arrastrado en Nueva York. En el primero, el juez Arthur Engoron, que ya dictaminó antes de que comenzara el jucio que Trump había cometido fraude en sus negocios familiares, determinará en las próximas semanas las medidas legales que toma contra el ex presidente. En el segundo, resuelto el viernes, un jurado condenó a Trump a pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll en su juicio por difamación. Un montante ocho veces mayor a la cantidad exigida por Carroll en su demanda inicial.

En paralelo a estas acusaciones, dos estados han buscado recientemente excluir a Trump de sus papeletas de 2024 basándose en la cláusula de insurrección de la Constitución, conocida como la Sección 3 de la 14a Enmienda. Esta disposición de la era de la Guerra Civil prohíbe a cualquiera que haya «participado en una insurrección» ocupar un cargo. Colorado y Maine han citado la presunta participación de Trump en la reversión de las elecciones presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio el 6 de enero como evidencia.

Cabe destacar que Colorado y Maine aún no han eliminado completamente a Trump de sus papeletas primarias y generales. Sus decisiones están pendientes de una decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de usar la cláusula para excluir a un candidato presidencial de la boleta, lo cual es inédito. Se espera que la próxima semana el Supremo aborde el caso.

En conversación con LA RAZÓN, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver explica que la mayoría de los jueces podrían no estar de acuerdo con el tribunal estatal sobre el significado de las palabras «participar», «insurrección» u «oficial». Bajo este escenario, «Trump será libre de seguir postulándose en las elecciones de 2024, pese a cuatro casos penales», dice.

Por su parte, voces como las del también constitucionalista Rafael Cox asegura que la palabra «insurrección» es un término muy serio y sólo debería aplicarse de manera estricta y cuidadosa, en un caso tan grave. También cuestionó la lógica de aplicar esta disposición sobre insurrección cuando ninguno de los participantes del 6 de enero ha sido condenado en un tribunal –o incluso acusado– bajo el estatuto penal que cubre la insurrección. Incluyendo a Trump. «La irregularidad de este procedimiento es especialmente preocupante teniendo en cuenta lo que está en juego», afirma el abogado.

Para Cox, «lo que ocurrió aquí no se parece a nada que haya visto en un tribunal». Y sigue: «Llamarlo insurrección a los efectos de la Constitución está en los límites de lo que el término, creo, significa plausiblemente, y me deja muy incómodo si el resultado de eso es descalificar a un candidato político importante y ampliamente apoyado para su cargo».

Más allá de los términos, la Constitución de Estados Unidos permite que un presidente pueda, incluso, ejercer funciones desde prisión, dado un escenario en que esa sea una posibilidad para Trump. Y, una vez allí –explican los expertos– él podría usar sus poderes presidenciales para auto perdonarse, al menos de los casos federales.