Reino Unido y la UE están cada vez más cerca de iniciar una guerra comercial. Tras el divorcio, las relaciones entre ambas partes han pasado por diferentes fases. Pero ahora se encuentran en el punto de mayor tensión ante las amenazas del Gobierno británico de romper unilateralmente partes claves del acuerdo del Brexit,escudándose en proteger la paz en el Ulster.

La abogada general del Estado, Suella Braverman -cuya función es asesorar legalmente al Gobierno- ha dado su visto bueno para que Downing Street pueda revocar partes fundamentales del llamado Protocolo de Irlanda, defendiendo que la interpretación que realiza ahora Bruselas de los nuevos controles aduaneros que hay que aplicar a las mercancías que se comercializan entre Reino Unido e Irlanda del Norte es “desproporcionada e irrazonable”.

El Protocolo de Irlanda siempre fue el gran escollo de las negociaciones del Brexit y en Westminster siempre se dijo que Boris Johnson nunca tuvo intención de cumplir lo pactado con la UE. El hecho de dejar a la provincia británica de Irlanda del Norte con un estatus diferente al del resto del Reino Unido vaticinaba tensiones entre católicos y protestantes. Y los pronósticos se han cumplido. El triunfo histórico de los republicanos del Sinn Fein en los comicios de la semana pasada de la Asamblea de Belfast ha creado una crisis política. Los unionistas del DUP se niegan ahora a formar gobierno de coalición -que ambas comunidades deben respetar- hasta que el Protocolo no se modifique.

Por lo tanto, el argumento que utiliza ahora Downing Street es que sería legal invalidar algunas disposiciones del Protocolo, ya que amenazan la estabilidad en Irlanda del Norte y la paz firmada entre católicos y protestantes en 1998 ha de primar sobre el acuerdo con la UE.

Todo apunta a que la próxima semana el Ejecutivo de Johnson -que tiene mayoría absoluta- presente un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes para llevar a cabo sus amenazas.

Si el Reino Unido decidiera actuar de manera unilateral, Bruselas podría reactivar el proceso legal que había iniciado contra la Ley de Mercado Interno, que quedó suspendido en julio del año pasado. También podría imponer aranceles sobre productos británicos, lo que amenazaría con iniciar una guerra comercial entre ambas partes, e incluso suspender por completo el Acuerdo de Comercio y Cooperación que fija los términos en los que el Reino Unido abandonó el bloque.

La ministra de Exteriores, Liz Truss, mantuvo ayer una tensa conversación telefónica con el vicepresidente comunitario, Maros Sefcovic, donde advirtió que su Gobierno “no tendrá más remedio que actuar” si el bloque no muestra “la flexibilidad necesaria” para mejorar la situación.

La UE ya se ha ofrecido a eliminar hasta el 80% de los controles sobre alimentos que lleguen a Irlanda del Norte, además de reducir a la mitad el papeleo necesario, pero Downing Street defiende que no es suficiente.

La agresividad de la responsable de la diplomacia británica está creando incluso divisiones dentro del propio Gabinete del Ejecutivo conservador. En plena crisis económica ante la subida del coste del vida, algunos ministros, como el responsable del Tesoro, Rishi Sunak, consideran que no es precisamente el mejor momento para jugar el órdago. Pero Truss está jugando su particular partida interna posicionando su liderazgo en el sector más a la derecha del partido en caso de que finalmente Johnson se vea obligado a dimitir por el escándalo del Partygate.

La Comisión Europea considera que la acción unilateral por parte del Reino Unido “simplemente no es aceptable”. “Estoy convencido de que solo las soluciones conjuntas funcionarán”, señaló Sefcovic en un comunicado. “En febrero, propusimos al Gobierno del Reino Unido un calendario ambicioso de debates intensos sobre las cuestiones prácticas pendientes planteadas por la población y las empresas de Irlanda del Norte. Hemos dejado claro que todavía hay potencial por explorar en nuestras propuestas. Aún estamos esperando la respuesta de Londres”, añade. Subrayó que el Reino Unido y la UE son “socios que se enfrentan a los mismos desafíos globales en los que defender el Estado de derecho y cumplir con las obligaciones internacionales es una necesidad”.

Washington, que estuvo muy involucrado en las negociaciones de paz de 1998 entre católicos y protestantes, está muy pendiente ahora de lo que acontece en Irlanda del Norte. Joe Biden, que en su día se mostró muy crítico con el Brexit, considera que si finalmente Londres lleva a cabo una acción unilateral sería una provocación. El presidente norteamericano siempre ha hablado con orgullo de sus raíces irlandesas y en más de una ocasión ha advertido a Downing Street que, de no cumplir el Protocolo de Irlanda, esto tendría repercusiones para un futuro acuerdo comercial entre Reino Unido y los Estados Unidos. En medio del nerviosismo por las consecuencias para las relaciones transatlánticas, el Gobierno británico ha enviado a los Estados Unidos a Conor Burns, un secretario de Estado nacido en Belfast y católico, en un intento de contrarrestar el poderoso lobby del gobierno irlandés cercano a la administración norteamericana.