Las fuerzas rusas y ucranianas despliegan cada mes miles de drones de bajo coste a lo largo de los más de 1.200 kilómetros de línea del frente. Los utilizan para espiar las trincheras enemigas, localizar a las tropas y solicitar ataques de artillería, y pueden incluso lanzar sus propias bombas en caso de estar sometidos a ligeras modificaciones. Estos vehículos aéreos no tripulados son tan baratos y fáciles de usar que cualquier soldado mínimamente entrenado puede desplegarlos sobre el terreno, algo impensable hace no demasiado tiempo.

El responsable de inundar con este tipo de drones el este de Ucrania y otras zonas de conflicto es Frank Wang Tao, un joven científico de nacionalidad china a los mandos de Dajiang Innovation Technology (DJI, por sus siglas), la empresa que domina el mercado mundial. Más de tres cuartas partes de los drones de uso civil son fabricados por DJI, una compañía especializada en nuevas tecnologías de rápido crecimiento con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen.

Wang Tao es el primer multimillonario del mundo de este sector. Sus drones Phantom los utilizan fotógrafos para captar imágenes imposibles de otro modo, agricultores para vigilar y fumigar cultivos, y compañías eléctricas para revisar sus torres de alta tensión, entre una extensa nómina de fines. Sin embargo, a partir de 2014, otro actor popularizó su uso con fines militares: el Estado Islámico. El grupo yihadista adaptó la tecnología con el objetivo de lanzar granadas de mano sobre las cabezas de las tropas que intentaban expulsar a sus combatientes de Irak y Siria. Y dio resultado.

La compañía de Wang Tao «deplora y condena el uso de nuestros productos para causar daños en cualquier parte del mundo. Esta es una creencia fundamental de la empresa, que se fundó para desarrollar drones que hicieran del mundo un lugar mejor y beneficiaran a la sociedad», pero reconoce que no puede hacer gran cosa para controlar el uso de sus drones.

De momento, Dajiang Innovation Technology ha bloqueado sus operaciones tanto en Rusia como en Ucrania. «Todos nuestros distribuidores, revendedores y otros socios comerciales en todo el mundo están obligados contractualmente a impedir la venta de productos DJI a clientes que claramente planean utilizarlos con fines de combate», explica un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por el diario británico The Times. «Cuando se descubre una violación por parte de un revendedor, DJI termina su relación comercial con la parte infractora».

Bajo el radar del Pentágono

La compañía de Wang Tao abrió a mediados de marzo su primera tienda física en la Quinta Avenida Nueva York, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Lo hizo en mitad de las denuncias del Uyghur Human Rights Project (UHRP, por sus siglas), un grupo de investigación y defensa con sede en Washington que publicó un informe vinculando a la compañía con la vigilancia masiva y las violaciones de derechos contra las comunidades uigur, kazaja, kirguisa y otras comunidades musulmanas de la región autónoma china de Xinjiang, que el grupo denomina Turkestán Oriental.

En 2017, el Ejército de Estados Unidos ya prohibió a los miembros del servicio utilizar drones de DJI, aunque por otros motivos. Tres años después de la prohibición, el Departamento de Comercio incluyó a DJI en su lista de control de exportaciones por los vínculos de la compañía con el régimen de Pekín y sus actividades militares, lo que impidió a las empresas estadounidenses venderle componentes sin aprobación.

«DJI no es una empresa militar en China, Estados Unidos o en cualquier otro lugar. DJI nunca ha diseñado o fabricado equipos de grado militar, y nunca ha comercializado o vendido sus productos para uso militar en ningún país», respondió la compañía a través de un comunicado. Muchos, sin embargo, siguen teniendo dudas.