La Corte Suprema de Rusia ordenó ayer martes el cierre de Memorial Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del país. El grupo se fundó a fines de la década de 1980 cuando la Unión Soviética colapsó, se dedicó a estudiar y exponer los abusos de la era soviética y a apoyar a las víctimas y sus familias. Uno de los cofundadores del grupo fue el premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov. La organización pasó a ser el símbolo de un país que empezaba abrirse al mundo y al mismo tiempo hacía un balance de los capítulos más oscuros de su pasado. El cierre de la ONG es un signo de cómo el país se ha vuelto sobre sí mismo bajo el mando del presidente ruso Vladimir Putin, rechazando las críticas, cuestionando la historia y declarando como hostil todo lo que se rebela al sistema.

El fallo satisface la petición de la Fiscalía que acusó a la ONG de crear “una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista”, disuelve tanto la organización de memoria histórica como la defensa de los derechos humanos que integran Memorial Internacional. El dictamen de la Corte Suprema no fue inesperado. Putin ya había acusado a la organización de apoyar a grupos que se encuentran en la lista negra del gobierno como “organizaciones terroristas y extremistas”. Memorial Internacional es una ONG formada por más de 50 pequeños grupos en Rusia y en el extranjero. En 2016 Moscú lo catalogó como un “agente extranjero”, un estatus que en la práctica implica un minucioso escrutinio del gobierno y conlleva fuertes connotaciones negativas públicas. Según el supremo ruso, la organización no se identificó como organización externa y trató de ocultar sus objetivos en el país. Memorial ha rechazado las acusaciones y prometió continuar con su trabajo. “Con esto no se acaba nada”, aseguró Maria Eismont, una de las abogadas de la ONG, “Apelaremos y Memorial vivirá con la gente, porque son las personas que están detrás y sirven a esta gran causa ante todo. El trabajo continuará”. El director de Memorial Internacional, Yan Rachinski, aseguró que el fallo no supone el cese de las actividades de la ONG, “Suspender las actividades de Memorial no entra dentro de las posibilidades”, subrayó. El líder del partido opositor Yábloko, Grigor Yavlinski, consideró el fallo “una decisión política”.

La presión sobre el grupo ha provocado la indignación pública, y muchas figuras públicas prominentes expresaron su apoyo. Una multitud se reunió frente al palacio de justicia ayer después de la sentencia, los improvisados manifestantes estallaron en gritos de “¡Vergüenza!”. Siete personas fueron detenidas fuera del juzgado, según el grupo de monitoreo independiente OVD-Info. La organización dijo que se cree que tres de ellos son instigadores cuyo único objetivo era causar estragos, no apoyar a Memorial.

La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, dijo que la medida era “una noticia devastadora para la sociedad civil” en Rusia e indicó que el país “parece estar alejándose más de nuestros estándares y valores europeos comunes”. Amnistía Internacional describió el cierre de Memorial como “un ataque flagrante a la sociedad civil”, dijo Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, en un comunicado. Según la organización, en las cárceles rusas hay hasta 400 presos políticos.

Los grupos de derechos humanos y activistas políticos han sido objeto de ataques cada vez más constantes en los últimos años. Miles de manifestantes fueron detenidos a principios de este año por participar en las manifestaciones organizadas en apoyo a Alexey Navalny, el líder opositor más conocido del país y que se encuentra en prisión. Este martes, cinco aliados de Navalny fueron detenidos y acusados de extremismo, delito castigado con hasta 12 años de prisión. A principios de este año, un tribunal de Moscú prohibió la organización de Navalny -la Fundación para la Lucha contra la Corrupción y su red de oficinas regionales en todo el país- por considerarlas extremistas. Otra fuerte aliada de Navalny, Lilia Chanysheva, fue arrestada y encarcelada en noviembre por cargos similares, se enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarada culpable.