Caso Malaya

La Audiencia apoya un indulto parcial a los condenados del «Yak»

El comandante Ramírez y el capitán Sáez no serían inhabilitados

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MADRID- La Audiencia Nacional ha respaldado, con el visto bueno de la Fiscalía, la petición de indulto parcial para el comandante José Ramón Ramírez y para el capitán Miguel Ángel Sáez, dos de los condenados por la falsa identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del «Yak-42». El tercer condenado, el general de Sanidad Vicente Navarro (que no llegó a ingresar en prisión por motivos de salud), falleció en junio del pasado año. Los informes favorables a la medida –a los que ha tenido acceso LA RAZÓN– fueron remitidos al Ministerio de Justicia el pasado 5 de abril. Ahora, será el Gobierno el que decida la suerte de ambos mandos.

La Audiencia condenó a Ramírez y Sáez en mayo de 2009 a un año y medio de cárcel, 900 euros de multa y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas, un pena que lleva aparejada, según la Ley de la Carrera Militar, la pérdida de su condición de militares. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en marzo del año pasado.

En los expedientes, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional asegura que en el delito cometido (falsedad en documento oficial realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones) «no se aprecia ningún móvil personal» ni tampoco «intención de causar daño a los perjudicados, aunque éste se produjo». Tampoco, añade la Sala, han obtenido «beneficio o ventaja de tipo alguno». Además, recuerda, Ramírez y Sáez han satisfecho las responsabilidades civiles (fueron declarados responsables civiles subsidiarios) y pagado la multa impuesta (900 euros cada uno). Para el tribunal, los efectos de la pena de inhabilitación «resultan desproporcionados en este caso concreto», por lo que informa favorablemente del indulto parcial, «sin que deba extenderse la gracia a la pena de prisión». Y es que la Ley 39/2007 de la Carrera Militar establece en su artículo 116 que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la pérdida de la condición de militar de carrera. Sólo el ministro de Defensa está habilitado para conceder la «rehabilitación», a petición del interesado y cuando la inhabilitación no supere los tres años (como es el caso), «atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese cumplido la pena».

«Justicia y equidad»
«Con la pérdida de la condición de militar de carrera –continúa el mencionado artículo– se dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinas militares».

En ambos casos, la Fiscalía ha informado favorablemente del indulto parcial teniendo en cuenta que los condenados han «satisfecho la pena de multa y la indemnización a las víctimas y que la pena impuesta ha sido suspendida condicionalmente». Para el Ministerio Público concurren «razones de justicia, equidad y utilidad pública» para que los dos mandos se beneficien de esta medida de gracia.

La petición de indulto para los tres condenados fue impulsada en abril de 2010 por más de un centenar de médicos militares, que apelaron a su «trayectoria profesional». La Audiencia condenó a Navarro por «falsear la verdad» en la identificación de los cuerpos y a Ramírez y a Sáez, como cómplices, por «dulcificar» los informes de necropsia para que el trabajo del general no despertara «recelos o dudas».