Por fin se ha impuesto la sensatez. El Gobierno, que estaba enrocado en su posición contra las nucleares por cuestiones ideológicas y electoralistas, ha rectificado y ha apoyado una enmienda de CiU y PNV a su propia Ley de Economía Sostenible para que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de los 40 años si sus titulares así lo solicitan. Se tendrán en cuenta las valoraciones y decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear y la evolución de la demanda y protección radiológica. Así, se vuelve a los requisitos que ya estaban vigentes, por los cuales los criterios técnicos priman sobre los políticos. Incluso, este cambio podría afectar al cierre de Garoña, previsto para 2013, pero sobre este particular existe discrepancias. En todo caso, sí que condiciona la supervivencia de los ocho reactores nucleares restantes, puesto que hasta pasado 2020 ninguno de ellos cumple la cuarentena. El Gobierno socialista ha entendido al fin que en este contexto de crisis, al que se añade un incremento del precio del petróleo, minusvalorar las centrales nucleares era también hipotecar nuestro futuro energético. En la actualidad, la energía nuclear aporta un 18 por ciento al mix energético, una cuota nada desdeñable que difícilmente puede ser sustituida por energías renovables, eólica o la solar, por lo que se antoja que la nuclear es imprescindible por muchas reticencias políticas e ideológicas que suscite. Prescindir de ella significaría unos costes que en el actual escenario y en los venideros serían enormemente gravoso, puesto que habría que comprar la energía a países de nuestro entorno cuando generarla, y así se ha demostrado, es más barato. Con esta decisión también se pone coto, por cuanto no va a aumentar, a uno de los grandes problemas de nuestro modelo: la dependencia energética exterior española, que supera con creces a la de los países de la UE y que nos puede colocar en una situación delicada si hay problemas de abastecimiento. Nadie ignora que la terquedad del Ejecutivo socialista ante las centrales nucleares y su empeño por limitarles la vida respondía a una serie de prejuicios que vienen de muy lejos. La oposición a las nucleares ha sido una de las banderas de la izquierda. Así, hasta el pasado lunes, su destino seguía pendiente de criterios políticos, siendo secundarios los criterios técnicos, que son los que deberían prevalecer. Afortunadamente se ha subsanado este error, quizá no a tiempo, pero mejor tarde que nunca. De la misma forma que se ha rectificado y se permitirá que las nucleares operen más de 40 años, también se debería replantear el futuro de Garoña y prolongar su vida útil más allá de 2013. No habría ningún impedimento técnico, al revés, ya que los informes avalaban diez años más de funcionamiento. Y tampoco se debería cuestionar la continuidad de Cofrentes, cuyo permiso de explotación caduca en marzo, en la que ayer se vivió un episodio de violencia protagonizado por miembros de Greenpeace, que hirieron a tres vigilantes para entrar en la central. De lo que no cabe duda es que, con el apoyo a la enmienda de CiU y PNV, el Gobierno pone fin a los bandazos y la indefinición sobre la conveniencia o no de la existencia de nucleares en nuestro país.