El secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Juan Ignacio Arrieta, ha anunciado en el diario vaticano 'Osservatore Romano', que el Vaticano revisará el Código de Derecho Canónico para modificar las medidas penales y aplicarlas con más rapidez en los casos más graves, entre ellos los casos de abusos sexuales.

Según afirma Juan Ignacio Arrieta, esta revisión trata de cambiar definitivamente algunas medidas "que se han revelado poco acertadas"en el anterior código, promulgado en 1983.
Arrieta ha anunciado que en las próximas semanas el dicasterio enviará a sus consultores un borrador con algunas propuestas para reformar el libro VI del Código de Derecho Canónico, que trata sobre "las sanciones de la Iglesia".

Asimismo, el Osservatore Romano ha publicado tres cartas enviadas por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger al entonces presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el cardenal José Rosalio Castillo Lara.

En las cartas, el cardenal Ratzinger pide la revisión de las penas a los sacerdotes que "durante el ejercicio de su ministerio,son culpables de graves y escandalosos comportamientos, por los cuales el Código de Derecho Canónico prevé determinadas penas, incluida la reducción al estado laical".

Según señala el antiguo prefecto para la Doctrina de la Fe, su dicasterio considera que muchas diócesis "encuentran graves problemas para aplicar la dispensa"y otras penas que preveía el código. Por ello, Ratzinger exhorta al Pontificio Consejo a revisar el nuevo código para "establecer un procedimiento más rápido y eficaz"en estos casos.

Sin embargo, el cardenal Rosalio Castillo Lara responde en 1988, apenas cinco años después de la promulgación de Código, que "tomaba en consideración"las motivaciones del cardenal Ratzinger y la necesidad de "anteponer las sanciones penales a las dispensas"pero que no consideraba "conveniente"cambiar de nuevo el código apenas promulgado.

Sin embargo, pocos meses después se promulga la vigente constitución apostólica 'Pastor Bonus' que daba la jurisdicción penal exclusiva a la Congregación para la Doctrina de la Fe, no sólo con respecto a los delitos contra la fe y la celebración de los sacramentos, sino también respecto a "los delitos más graves cometidos contra la moral", entre ellos, los casos de abusos sexuales.

De esta manera, la Congregación para la Doctrina de la Fe era la única que tenía plena competencia en los casos más graves y se evitaba así la posibilidad de los encubrimientos por parte de los obispos en las diócesis de los casos de abusos sexuales.

Las cartas publicadas por el Osservatore Romano ponen de manifiesto que el cardenal Joseph Ratzinger declaró la necesidad de aplicar medidas más duras contra los casos más graves y la importancia de acelerar los procesos penales.