Sevilla- La tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el supuesto intento de cobro de comisiones a los empresarios de La Raza tuvo que ser suspendida ayer debido a que no se pudo escuchar con claridad la esperada conversación en la que los imputados exigen los 450.000 euros a los hosteleros.

Se trataba de la principal y más polémica prueba del proceso, por lo que los miembros del jurado encargados de enjuiciar a Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla; Daniel Ponce subdirector de éste, María Regla Pereira, coordinadora de la ya extinta Fundación Socioasistencial de la lonja; y Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo de la Junta, tendrá que esperar a hoy para poder escucharla. Tras dos intentos, el presidente de la Sala suspendió la vista después de que fuera evidente que la claridad de la grabación impedía comprender el contenido de la conversación. Además, hay que añadir que el sonido era tomado directamente por el micrófono del fiscal de los pequeños altavoces de un ordenador personal. Ante esta circustancia, la Consejería de Justicia aseguró tras conocer los hechos, que hoy se contaría con el material técnico necesario para escucharla correctamente.

Con anterioridad, los letrados de Ponce, Pereira y Rivas realizaron las alegaciones previas, como ya hicieron el pasado lunes el resto de las partes. En su turno de palabra, Simón Fernández Rebollo, abogado del ex número dos de Mercasevilla, instó a los miembros del jurado a que no «cayeran en la trampa» de la Fiscalía y de las acusaciones de que en este juicio está todo «clarísimo». «No piensen que está todo tan claro ni tan meridiano», dijo el letrado, quien les recordó que «esto no es un ensayo ni un juego. Estos señores se están jugando la vida». Para ello recordó los casos de Dolores Vázquez y Marta Domínguez, cuyas causas judiciales tuvieron un fin no esperado pese a que en un principio «estaba todo muy claro», recalcó. Carlos Galán, representante de Pereira, puso de relieve que su defendida estaba sentada en el banquillo de los acusados «sólo por indicios», al tiempo que subrayó que ya ha sido condenada a «una pena irreparable, la pena de banquillo».

En su turno de palabra, Francisco Baena Bocanegra, abogado de Rivas, quiso que el jurado supiera que el ex delegado de Empleo no aparecía en ninguna de las conversaciones mantenidas entre el resto de acusados y los empresarios de La Raza. Además, aseguró que «no tenía la menor competencia para conceder la ayuda» de 900.000 euros, que aprobó la Junta para la construcción de la escuela de hostelería. Junto con los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez-Cuerda e Ignacio Rojas, también estaban citados como testigos Antonio Fernández y Agustín Barberá, quienes estuvieron esperando varias horas fuera de la sala para prestar declaración aunque al final no lo hicieron.