La Xunta replica a la oposición sobre Altri: "No hablen de bomba ambiental, digan que no quieren progreso"

La polémica sobre la futura instalación de la pastera lusa Altri en Palas de Rei (Lugo) sigue alimentando el debate político en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha salido al paso de las críticas de la oposición y de las plataformas ecologistas, asegurando que la planta cuenta con todas las garantías ambientales y que el rechazo a su implantación responde a un posicionamiento político.

“No hablen continuamente de bomba ambiental y digan que no quieren el progreso”, expresó la titular autonómica este domingo en Oroso, en respuesta a las duras críticas del BNG, que ha calificado el proyecto como un atentado ecológico y ha anunciado su firme oposición en los ámbitos político, social y legal.

Vázquez insistió en que el impacto medioambiental ha sido minuciosamente estudiado y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concluye que la instalación de Altri no tiene efectos significativos en el entorno, ni sobre la salud de las personas, ni sobre especies protegidas, ni sobre el Camino de Santiago. También aseguró que el proyecto es compatible con la ganadería y la agricultura, incluida la ecológica.

Enfrentamiento político

La conselleira acusó al BNG de haber cambiado de postura respecto a Altri tras las elecciones autonómicas de febrero, recordando que en un primer momento el Parlamento gallego apoyó el proyecto de forma unánime.

“Que digan la verdad de que es ideológico. Cambiaron de opinión al día siguiente de las elecciones. Tienen su derecho al igual que la gente a salir a la calle, pero no pueden estar hablando continuamente de ‘bomba ambiental’”, reprochó Vázquez, reiterando que la postura del BNG responde a intereses políticos y no medioambientales.

En manos del Gobierno central

Tras la aprobación de la DIA, el siguiente paso es la concesión de la autorización ambiental, un trámite que, según explicó la conselleira, ya no depende de la Xunta, sino del Gobierno central.

“Es el Ejecutivo central el que tiene que dar ese permiso de conexión o de acceso a la parte eléctrica”, señaló Vázquez, sugiriendo que ahora es el Gobierno de Pedro Sánchez el que debe pronunciarse sobre la viabilidad final del proyecto.