Vox planta batalla contra la "inquiocupación" y reclama endurecer las penas

El partido que lidera Abascal busca dar la batalla contra el problema de la okupación ilegal de viviendas mientras el Gobierno de Sánchez tilda la situación como "bulo y desinformación". Pero la realidad es que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que más preocupan a los españoles lo que ha supuesto, además, un aumento de la "actividad de las organizaciones o grupos criminales que se dedican a la ocupación ilegal" de propiedades ajenas bien mediante la "patada en la puerta" o con el incumplimiento de un contrato previo -convirtiéndose en inquiocupas-.

Vox quiere erradicar también la "inquiocupación" que sigue generando problemas a los propietarios de inmuebles que dudan de poner sus viviendas en alquiler. Y es que, el principal escollo está en que, desalojar a estos inquilinos que dejan de pagar, al existir un contrato de arrendamiento válido, la situación se considera un impago y no una ocupación ilegal por lo que el propietario debe recurrir a la justicia a un proceso de desahucio por falta de pago, el cual puede ser prolongado y costoso mientras el inquilino puede alargar su estancia, más aún si se considera que está en una situación de "vulnerabilidad", algo que se ha constatado están aprovechando las mafias.

Endurecer las penas

Por ello, Vox ha presentado una moción en el Senado para que la comisión de vivienda inste al Ejecutivo de Sánchez a desarrollar políticas que protejan la propiedad privada mediante una "tolerancia cero a la ocupación ilegal". Para ello, exige la modificación del Código Penal con el fin de endurecer las penas para el delito de usurpación además de crear un tipo específico para las bandas organizadas que llevan a cabo estos delitos, y así acelerar el proceso de desalojo de los okupas.

También reclaman modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos penales frente a la ocupación ilegal dotando de mayores medios y herramientas legales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados además de garantizar el desahucio de los que han ocupado ilegalmente una vivienda en menos de 48 horas.

Otra de sus propuestas es la de modificar la Ley de bases del régimen local para así evitar que los okupas puedan empadronarse en una vivienda ocupada, eximir a los propietarios de viviendas ocupadas del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal o cesar la prórroga o ampliación de la suspensión de desahucios y abstenerse en un futuro de facilitar tanto la ocupación ilegal de viviendas así como la "inquiocupación" combatiendo este fenómeno y dejando sin vigor cualquier medida que facilite este fenómeno.

Desde el partido que lidera Abascal promueven, además, la creación de un servicio de asistencia integral a las víctimas de la ocupación ilegal de sus viviendas.

Vox advierte también de que el Ministerio del Interior, en su balance sobre la criminalidad ha registrado 15.289 denuncias o "hechos conocidos como allanamiento" a lo largo de 2023 sin embargo, estos datos se refiere a procedimientos por la vía penal ya que por la civil, en 2024, los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas se incrementaron en un 55% (1.782 demandas interpuestas) mientras que en 2023 fue de 2.261. Aun así, subrayan que se trata de "datos parciales" ya que quedan fuera de la estadística las querellas o denuncian que se interponen por la "inquiocupación" o aquellos procedimientos amparados por el artículo 250.1.2 (precario), es decir; los de situaciones de vulnerabilidad o el 250.1.4 (derechos reales) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, consideran que también habría que tener en cuenta las dificultades que hay para que el propietario recupere una vivienda ocupada. Porque, afirman, "el problema de la vivienda de la Administración Pública no puede trasladarse a los propietarios, en muchos casos familias vulnerables". Por ello, reclaman impulsar la creación de estadísticas oficiales que recojan en toda su dimensión el problema de la ocupación ilegal de viviendas, incluyendo un registro de datos históricos de zonas afectadas por este fenómeno y que faciliten el seguimiento pormenorizado de los que se produzcan.