Vaya mala memoria

La comparecencia judicial de Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro López en el socialismo madrileño, quizás se debería haber producido mucho antes, pues ha pasado tanto tiempo desde que su nombre saltara a la palestra, que la ex jefa de gabinete del otrora jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha tenido tiempo más que sobrado para darle vueltas a su más que previsible declaración ante el juez. De manera que lo que ayer dijo era lo que se suponía que iba a decir. Que no recordaba quién le envió el mail sobre el novio de Ayuso, que fue un periodista, pero no sabe quién, y que en todo caso no era un mail sino un pantallazo de WhatsApp, que por supuesto ella envió a su jefe Lobato, y sólo a Lobato, no como alto cargo monclovita, sino como número tres del secretario socialista madrileño, desvinculando completamente de la trama no sólo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino a la Moncloa.

Dicen las acusaciones que la señora Acera «ha mentido clamorosamente», algo que uno no puede creer, pues los testigos están siempre obligados a decir la verdad, bajo pena de incurrir en un delito de falso testimonio si se demuestra lo contrario. Delito no menor, penado con seis meses de prisión mínima, y hasta con dos de cárcel dependiendo de la tipificación de la gravedad, amén de una multa considerable.

Por eso mismo, por mucho que las acusaciones digan que «Acera mintió», hay que pensar que no lo hizo, simplemente «le ha fallado la memoria» para recordar quién le mandó la información. También este caso, y es otra curiosidad más, la declarante dijo que no dispone del mismo teléfono móvil que tenía en su poder el día de autos. Lo cambió al incorporarse al Ministerio de Transformación Digital, y un técnico borró todos los mensajes al facilitarle el nuevo. De manera que es imposible saber quién le envió eso que ella llama «pantallazo de WhatsApp», y si a su vez lo reenvió a su vez a otras personas, amén de Juan Lobato.

Por supuesto, nada que haga pensar que en el asunto está implicado el fiscal general del Estado, y mucho menos Moncloa. No lo habló con su jefe directo, a la sazón el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, y no conoce ni al fiscal general del Estado ni a ningún fiscal relacionado con el caso, faltaría más.

Así las cosas, queda a interpretación del juez creer más la versión indiciaria de Lobato o la trasladada ayer por Sánchez Acera, si bien la desencriptación de los mensajes del móvil del fiscal general del Estado, en cuya identificación se ha comprometido a colaborar tanto Google como WhatsApp, pudiera dar la razón a alguna de las acusaciones cuando afirman que la exasesora monclovita mintió «clamorosamente». Sólo entonces el presunto delito de falso testimonio, del que tales acusaciones hablan, quedaría eventualmente evidenciado. Hoy por hoy, nada de nada.

Dicen algunos que lo peor es que del espectáculo bochornoso de la filtración de datos fiscales de un contribuyente, con fines claramente políticos, pasamos al espectáculo aún mayor de un contubernio para hacer que desaparezcan los teléfonos móviles y las presuntas pruebas que despejarían todas las interrogantes del caso. Si no hay nada que ocultar, pues todo es transparente, no habría problema en entregar al juez, como hizo Lobato, los teléfonos celulares para que se comprobase que «aquí no hay caso», según repiten los ministros cual papagayos. Si eso no se hace, y no se recuerdan ninguno de los datos que parecen fundamentales, es lógico que se disparen las sospechas de que «sí que hay caso».