Carles Puigdemont celebra la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat dado que lo considera una «estructura de Estado» y, por tanto, un avance hacia la desconexión con España. Y el PSOE, lejos de poner freno a esa vía de «ruptura», parece que va a alimentarla dado que ahora también tiene intención de ceder las competencias tributarias y ha abierto las puertas de par en par a más temas: «Las Comunidades Autónomas son Estado», argumentaron los socialistas el martes pasado en la acalorada reunión de la Mesa del Congreso para justificar la admisión a trámite de la ley que delega las competencias migratorias a la Generalitat, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes solventes. La reunión fue mucho más tensa que otras veces y se alargó dos horas (normalmente no supera la hora) porque el PP se mostró muy crítico con la admisión a trámite de la ley, lo que, además, se hizo casi a la ligera porque no hubo un informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Los letrados, comandados por el exalto cargo de Pedro Sánchez, Fernando Galindo, se limitaron a hacer una nota de dos líneas dando el plácet, algo que los populares consideraron «incomprensible» porque creen que una iniciativa de tal «envergadura» debería de exigir un «informe más extenso de oficio» de los servicios jurídicos, tal y como ocurrió con la amnistía.

De esta manera, Galindo se sacudió toda la responsabilidad ante una ley muy polémica porque muchos juristas dudan de su constitucionalidad. En este sentido, sí que es cierto que el artículo 150.2 de la Constitución abre la puerta a la delegación de competencias, pero solo para casos tasados. Los populares, en la reunión de la Mesa, advirtieron que las competencias migratorias son «indelegables e intransferibles» porque afectan al núcleo de la «soberanía nacional», según confirman las fuentes consultadas.

La Mesa del Congreso es el órgano parlamentario que decide qué leyes se debaten y se votan ya que tiene la potestad de admitir e inadmitir las iniciativas. En la actualidad, la Mesa tiene mayoría de izquierdas ya que hay cinco diputados del PSOE y Sumar, mientras que el PP tan solo tiene cuatro representantes. Esto es lo que permite a los socialistas seguir tramitando las exigencias de sus socios, aunque puedan rebasar el marco constitucional. Con el argumento de que las «autonomías son Estado» justifican que ese artículo 150.2 de la Constitución se interprete de forma muy abierta. Y despachan, asimismo, el recordatorio del PP de que hay competencias exclusivas del Estado que, «por su naturaleza», no pueden ser transferidas, como las migratorias o las de Defensa. «No se pueden delegar las competencias en materia de Defensa a un ayuntamiento por mucho que se nos diga que también es Estado», señalaron, como ejemplo, los populares en la citada tensa reunión de la Mesa, donde marcaron distancias con respecto a otras competencias cedidas, como las de tráfico, que sí ven justificadas por la existencia de policías autonómicas. El PP llevará la cesión de la migración al Tribunal Constitucional.