La nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha estrenado el cargo poniendo de relieve uno de sus principales retos, "defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de derecho". Se trata, ha dicho, una de las funciones que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debe desempeñar". "En un Estado democrático y de Derecho -ha hecho hincapié- nadie está por encima de la ley".

En su primer discurso en el solemne acto de apertura del Año Judicial, presidido por Felipe VI, Perelló ha dejado claro que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico". Tras poner en valor la importancia de la separación de poderes, ha insistido en "la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas".

Y dirigiéndose directamente a la carrera judicial ha hecho hincapié en su mensaje de apoyo a la labor jurisdiccional: "Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial". Y en plena polémica por los críticas del Gobierno al juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha alertado de la necesidad de "evitar ataques injustificados" que puedan "socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes".

Frente a la "descalificación o el insulto"

La magistrada ha expresado su "compromiso y el del Consejo" con el cumplimiento "de esa función esencial de velar por la independencia judicial". Las resoluciones judiciales, ha recalcado, "son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar -también las resoluciones judiciales- lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural". Ese derecho a la discrepancia, ha añadido, "es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico". "Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto", ha defendido.

En su papel de presidenta del Tribunal Supremo, Perelló ha asegurado que "después de unos años muy difíciles", la situación del alto tribunal "es muy delicada, a pesar de los loables esfuerzos de todos sus integrantes, de sus órganos técnicos y de su personal auxiliar por minimizar el impacto de un pasado reciente que ha sido muy negativo para la Justicia".

En este sentido, ha destacado que el volumen de registro de asuntos "sigue su imparable curva ascendente", lo que unido a la "falta de cobertura de las vacantes de plazas de magistrados" -por la reforma impulsada por el Gobierno en 2021 para forzar la renovación del CGPJ que dejó a la institución sin capacidad de realizar nombramientos mientras estuviese en funciones- "ha causado un enorme retraso".

Un gran paso para las mujeres

Para remediar cuanto antes esta situación, ha hecho hincapié en que "es esencial que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad. Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales".

Perelló ha asegurado que ser la primera mujer que preside el Tribunal Supremo es una "gran responsabilidad" y señalado que su nombramiento supone "un paso más en el paulatino reconocimiento de la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia". Se trata, ha recalcado, "un reconocimiento" a todas esas mujeres "cualesquiera que sean las funciones que desarrollen", pese a que ha admitido que "queda mucho camino por recorrer" porque las mujeres "siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales".

La nueva presidenta del alto tribunal ha recordado que nació en una España en la que las mujeres "no podían acceder a la carrera judicial" y han tenido que esperar al siglo XXI "para llegar al Tribunal Supremo".

La presidenta del Supremo ha hecho un llamamiento "a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado" para que "respeten el trabajo" de los jueces y ha recordado que "las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales".

Esto no significa, ha precisado, "que debamos ser inmunes a la crítica", pero sí a la necesidad de evitar esos "ataques injustificados". "Los años difíciles que hemos atravesado como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha dejado claro, "no nos han sumido en el desánimo", por lo que ha garantizado que los miembros de la carrera judicial seguirán trabajando "con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de Derecho nadie está por encima de la ley".