Un padre que obligó a la Generalitat en los tribunales a que sus hijos estudiasen en castellano: "Les decían 'por culpa de tu padre, es tonto'"

El borrador del informe de la misión de eurodiputados extranjeros que visitaron la enseñanza catalana, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es escalofriante. Confirma las situaciones de marginación del castellano y acoso a familias que durante años se ha oído en el resto del país que rodean la inmersión lingüística catalana.

Directores de centros educativos que se niegan a facilitar la enseñanza en su lengua materna a un alumno con necesidades especiales reconocidas y al que los profesionales se lo han pautado. Acoso a familias y alumnos que reclaman a través de los tribunales su derecho a recibir al menos el 25% de las clases en castellano. Menores que están obligadosa dirigirse a sus profesores en catalán.

Todo ello, situaciones que el borrador del informe recoge que se han producido. El documento se debatió por primera vez el pasado miércoles en el Parlamento Europeo y se espera que se apruebe como recomendación dirigida a la administración catalana el próximo 19 de marzo.

La enseñanza en Cataluña, se explica en el borrador, es hasta los siete años íntegramente en catalán, nada de castellano, pero sí inglés. Solo a partir de segundo de primaria aparece en el currículo de los niños el castellano, la lengua cooficial y común, con dos o tres horas a la semana que se dedican a la enseñanza de la propia asignatura de lengua española, algo que se mantiene hasta que dejan los alumnos la enseñanza escolar rozando o ya con la mayoría de edad.

A los que llegan de otras partes del mundo o comunidades autónomas se les introduce durante un año en lo que se conoce como ‘Aula de acogida’ en la que su formación en doce meses se centra fundamentalmente en aprender a escribir, leer y hablar en catalán, denunció la presidenta de Escuela Bilingüe, Ana Losada, a los representantes europeos en su visita a la enseñanza catalana. Esta asociación, que trabaja por el fin del modelo educativo catalán de lengua única, está detrás de la voz de alarma que llevó el conflicto a Europa y que se ha acabado materializando en el informe que ahora se debate más allá de nuestras fronteras.

Pero, como siempre ocurre en situaciones donde hay una imposición y, con ello, una desigualdad e injusticia, surgió un grupo de padres que renunció a la resignación y decidió hacer lo necesario, sin medias tintas, para que sus hijos pudiesen ejercer su derecho a estudiar también en castellano.

Es el caso de muchos, entre ellos Jordi López, al que escucharon los miembros de la misión europea ya que sus hijos sufrieron las consecuencias del modelo de lengua única que impera en el sistema educativo de Cataluña. Ha accedido a compartir con LA RAZÓN todo lo que vivieron a cuenta de la inmersión.

Padre de dos, uno de ellos, el mayor, tiene reconocida la necesidad educativa especial. Desde pequeño los especialistas que le atendieron, desde la neuróloga o la psicopedagoga a una de sus primeras profesoras, le insistieron a él y a su mujer en que sería fundamental para su correcto desarrollo educativo tener un importante número de las clases en su lengua materna, que en su caso es el castellano.

"A mi hijo le decían 'por culpa de tu padre tenemos más castellano'"



Acuden, entonces, al director del colegio Sant Jaume para exponerle la necesidad de que su hijo tuviese más horas de clase en castellano por el bien de su evolución educativa. La respuesta del director fue un claro "no" que justificó aludiendo a que la lengua vehicular del centro era el catalán. 


La negativa se convirtió en la mecha de una lucha en la que lleva inmerso ya ocho años. Dio precisamente con Ana Losada y Escuela Bilingüe, y con su asesoramiento legal se fue a los tribunales y allí logró una sentencia firme para que se aplique a sus dos hijos el mínimo de horas de clases en castellano, fijado por el TSJC en el 25% de las horas lectivas totales.

Pero no todo ha sido tan sencillo. Por el camino tuvo que ver cómo el instituto al que se cambió su hijo mayor para hacer Secundaria, el Salvador Dalí de El Prat de Llobregat, incumplió las medidas cautelares dictadas por el TSJC simplemente porque, según cuenta, el entonces conseller Josep González-Cambray aseguró que “ningún aula de este país aplicará el 25% de castellano”. Él lo denunció en el juzgado y el TSJC les obligó a volver a la legalidad. El pasado diciembre este centro público fue una de las paradas de la misión europea.

También cómo el día de la reunión en la que informaron al resto de familias del grupo de su hijo de que desde entonces habría este mínimo de clases en castellano por mandato judicial, una madre levantó la mano y preguntó al director “entonces, si se marcha el niño se acaba el problema, ¿no?”. A lo que el máximo responsable del centro respondió afirmativamente asintiendo con la cabeza. Se tuvieron que ir Jordi y su mujer del grupo de Whatsapp conjunto porque “nos ponían a parir, preguntaban que quién había sido, nos llamaban sinvergüenzas…”, explica a LA RAZÓN. Sus hijos, pese a ser simplemente unos niños, también lo pagaron: “Bajaron las invitaciones a los cumpleaños y a uno de ellos le decían compañeros ‘por culpa de tu padre tenemos más castellano’ o ‘tu padre es tonto, mira lo que ha hecho’”.



Su mujer es argentina y no entiende a la perfección el catalán. Una vez, cuenta para completar su lista de vivencias, en una reunión con la jefa de estudios, que se dirigió en todo momento a ellos en catalán, le pidieron que si por favor podía hablar en castellano para que ella pudiese comprender toda la conversación. Ella se negó a hacerlo no sin antes decirle a ella “hablo más despacio, ya verás como así me entiendes”. “Hasta este punto llegamos. No les importa nada, aunque sea por pura educación” , denuncia, aún con el enfado que vivió aquel día. 


Solo se imparte en castellano una asignatura, la de lengua española

En el Salvador Dalí en toda una semana la única asignatura que se imparte en castellano es la de lengua española. Solo una clase de 30 alumnos (de los 700 totales que allí estudian), la del hijo de este padre 'coraje', disfruta del mínimo del 25% de sus clases en castellano. Para alcanzar ese porcentaje les tienen que impartir en castellano dos asignaturas troncales y las elegidas por la dirección son Educación Física y Matemáticas, materias en las que claramente el uso de la lengua es menor. 


Para él, que ha vivido lo que es enfrentarse a la inmersión lingüística de la Generalitat, que se acabe aprobando la recomendación europea para solucionar los problemas que ha generado este modelo lingüístico es una buen noticia porque “no podrán vender al mundo y a Europa que es un modelo de éxito porque ellos mismos te han dicho que no lo es”.



Así todo, confiesa a este diario que no es de su agrado haber tenido que llegar a esto, a denunciar a una administración porque no quiere cumplir con el derecho de sus hijos a educarse también en castellano. “Yo, al igual que los otros padres que lo han denunciado, solo quiero que mis hijos aprendan catalán y castellano en igualdad de condiciones. No estamos en contra del catalán: somos catalanes y hablamos catalán”, insiste con intención de que quede claro qué le mueve en esta batalla.

Un magistrado del TSJC confirma casos de acoso a quienes reclaman estudiar también en castellano

Y los cruces de denuncias, acusaciones y reproches no va solo de docentes y padres. El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC lo confirma en el borrador del informe: “es un problema político”. El magistrado Javier Aguayo Mejía explicó a los eurodiputados que la Generalitat ha utilizado la inacción para no obligar a un “uso razonable” de las dos lenguas en el sistema educativo, que es lo que se entiende que es su responsabilidad.

Él mismo, contó durante la visita de las autoridades de la Eurocámara, trató de resolver el conflicto entre los progenitores implicados y la Generalitat a través del acuerdo. Pero el Govern se negó a asumir el compromiso de impartir un mínimo de dos asignaturas troncales en castellano.

Confirma también este juez que ha habido acciones de acoso contra alumnos que querían usar el castellano en los que la Fiscalía ha tenido que tomar medidas.

Los seis parlamentarios que visitaron en diciembre la región catalana se reunieron brevemente con la actual consejera de Educación. La republicana Anna Simó les trasladó que no es necesario impartir más de dos o tres horas semanales en castellano porque es fácil de aprender con la ayuda de la televisión o las redes sociales.

También defendió que los jueces no pueden decir a la comunidad educativa que no tiene que hacer y cargó la responsabilidad de los malos resultados de los alumnos catalanes en PISA a la situación socioeconómica de los menores y el aumento de pobreza infantil. Eso sí, denunció que el catalán está en declive y amenazado. 


Las conclusiones de los eurodiputados: discurso de odio y pérdida de derechos lingüísticos

En la antepenúltima página se recogen las conclusiones que los miembros de la misión, que capitaneó la liberal estona Jana Toom, sacaron tras conocer in situ cuál es la situación real del castellano en la enseñanza de Cataluña.

Certificaron que hay escuelas en las que se excluye el español de la educación y pasa a tener la consideración de "lengua extranjera". Documentaron que los alumnos castellanohablantes con necesidades educativas especialesno estudian en su lengua materna y que los que proceden de otras comunidades autónomas "pierden sus derechos lingüísticos" al mudarse a Cataluña.

Asimismo, no ocultan su preocupación por las "dificultades y resistencias" que encuentran las familias que deciden solicitar más horas lectivas en la lengua común de todo el país. Y en algunos casos estos obstáculos, figura en el borrador, incluyen "discursos de odio".

No dejan pasar tampoco la oportunidad de subrayar que la delegación que visitó Cataluña con la autorización de la más alta instancia del Parlamento Europeo precisó de escolta policial para garantizar su seguridad al haber sido recibida con protestas y manifestaciones "ofensivas" ante la sede que la institución legislativa de la UE mantiene en Barcelona.

Queda por ver si este proyecto de recomendación no vinculante de la Eurocámara sirve para que la Generalitat acabe tomando cartas en el asunto con el fin de solucionar los conflictos que con este sistema de inmersión lingüística han aflorado.