Miles de millones sin control exhaustivo

«Las cuentas de las organizaciones sindicales, en lo que a sus fondos públicos se refiere, están ya fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas». Simple y conciso.

«Las cuentas de las organizaciones sindicales, en lo que a sus fondos públicos se refiere, están ya fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas». Simple y conciso. El líder de UGT, Cándido Méndez, se mostraba partidario de incluir a los sindicatos en la ley de transparencia, ya que ellos justifican las ayudas públicas que reciben. Una opinión no compartida por el propio Tribunal de Cuentas que, en más de una ocasión, ha denunciado que una gran parte de esas subvenciones no están suficientemente justificadas. Por no hablar de que algunas de ellas se asignan «a dedo».

Y seguir el rastro de este dinero público, entre enero de 2008 y marzo de 2013 han recibido sólo del Ejecutivo central 1.250 millones de euros (208.986 millones de las antiguas pesetas), se antoja harto complicado. La falta de un informe anual de todas las ayudas y subvenciones que reciben estas organizaciones, impide saber con exactitud la cantidad que manejan y en concepto de qué. El único modo de hacerse una ligera idea es perderse en los boletines oficiales, tanto del Estado como autonómicos, y hacer números.

Tampoco ayuda la ausencia de un órgano de control único. Si bien es cierto que hace unos años era el Gobierno central el máximo «benefactor» de estas entidades, el panorama actual es muy distinto. La llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo y su «tijeretazo» a las subvenciones concedidas a los sindicatos han provocado que sean ahora las comunidades autónomas las que más «colaboren» con ellos, por lo que seguir la pista se convierte en una tarea casi imposible. Y es que cada comunidad cuenta con su propio Tribunal de Cuentas.

Sea como fuere y, procedan de donde procedan, año tras año, las centrales sindicales ingresan millones y millones de fondos muy difíciles de controlar. Aunque el beneficiario de una subvención pública debe someterse al control de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas, la lentitud del proceso de fiscalización y la falta de información restan fiabilidad a su control. Un problema, el de la opacidad, del que ya se han dado cuenta los sindicatos mayoritarios. Apenas un día antes de que Rajoy anunciara oficialmente la posibilidad de incluir a las federaciones sindicales en la Ley de Transparencia, desde CC OO señalaron su intención de publicar en la página web su información económica y financiera, así como el origen de los recursos. Es más, se comprometió a remitir al Tribunal de Cuentas una memoria anual y un informe sobre sus actividades. Una oportuna estrategia, por no decir oportunista, para «lavar» su imagen ante quienes les acusan de no ser claros con los fondos públicos que reciben.

Pero las cifras son las que son y, bien fiscalizadas o no, los sindicatos manejan unos 250 millones al año. De media, porque con la llegada de Rajoy el grifo prácticamente se ha cerrado. Mensualmente, reciben una serie de ayudas directas por lo que se denomina «labor sindical», pero no dudan en arañar dinero de los distintos ministerios para programas de todo tipo, desde drogodependencias o atención a inmigrantes a Memoria Histórica o juventud.

En 2008, cuando comenzaba la segunda legislatura socialista, se hicieron con 312.528.338 euros. Sólo el Servicio de Empleo Público Estatal les concedió más de 256,6 millones, aunque lograron otros 15,7 por realizar actividades de carácter sindical, esto es, por hacer su trabajo, o 26,2 para planes de formación continua. Su presencia en las mesas generales de negociación en las que participa la Administración del Estado les reportó otros 1,2 millones. Y para acciones sindicales en el ámbito de la enseñanza gestionaron otros 1,6 millones, entre otras muchas ayudas recibidas.

La mayoría de las partidas «fijas» que reciben al año apenas variaron su dotación durante los años de Gobierno socialista y algunas, incluso, se duplicaron. Es el caso de las destinadas a la formación sindical, que de los 13,5 millones de 2004 pasaron a 29 en 2010 y apenas se redujeron en 2011 al situarse en 26,6 millones.

En 2009 la cifra global fue de 310,9 millones de euros y, de nuevo, las partidas llegaban sin freno. Más de 251 millones del Servicio de Empleo Público; 1,3 millones para acciones sindicales en la enseñanza; 1,2 por estar en las mesas de negociación de la Administración; 28,9 de formación... Suma y sigue.

La cifra se mantuvo en 2010 con un total de 305,1 millones de euros y prácticamente las mismas cantidades por las mismas partidas, siendo, de nuevo, la del Servicio de Empleo Público la más cuantiosa de todas; con casi 246 millones. Mientras, 2011, último año con el PSOE al frente del Ejecutivo, cerró con algo menos: 284,1 millones de euros.

Y llegó 2012, y con él, el «tijeretazo» de Rajoy en todas las partidas. Tan sólo percibieron 31,9 millones de euros y, aunque aún quedan algunas partidas por hacerse públicas, la más «jugosa», la del Servicio de Empleo Público, no se otorgó, al menos las correspondientes a los tres primeros trimestres del citado año, pues el cuarto aún es una incógnita. Los recortes más claros llegaron en las ayudas a la formación (de 26,6 millones a 12,6) y en las destinadas a actividades de carácter sindical (de 15,7 a 11,1 millones), aunque también perdieron millones de euros en otras muchas partidas. Por ejemplo, en la de Memoria Histórica, que desapareció. Finalmente, 2013 tampoco ha empezado bien para los sindicatos, a fecha de hoy sólo han recibido los 11,2 millones previstos ( un 11,5 % menos que en 2012).