La "mano derecha" de Puigdemont arremete contra el intento de reabrir el "caso Tsunami" por la "inexistente" trama rusa del "procés"

La petición a la Audiencia Nacional de reabrir la investigación por terrorismo contra «Tsunami Democràtic» por parte de dos policías heridos en las protestas de la plataforma independentista ha soliviantado al jefe de gabinete de Carles Puigdemont. El empresario Josep Lluís Alay, «mano derecha» del expresident y defendido, como él, por el abogado Gonzalo Boye, se ha opuesto ya a esa reapertura ante lo que considera una actuación «temeraria» y guiada por la «mala fe procesal».

Para la defensa de Alay –imputado en el «caso Tsunami» hasta que el instructor se vio obligado a archivarlo al haber prorrogado el procedimiento fuera de plazo en 2021– esgrimir un informe policial sobre la «trama rusa» del «procés», la supuesta injerencia rusa en el desafío independentista en Cataluña en 2017, que tacha de «relato novelesco», solo busca empujar al «error» al magistrado Antonio Piña con la intención de «perpetuar un procedimiento ya difunto».

En su escrito de impugnación, Boye reprocha a la representación jurídica de ambos agentes que haya dado ese paso siendo «plenamente consciente» de la «inexistencia» de esa «trama rusa» y de que esas investigaciones «han sido ya todas sobreseídas». El letrado se refiere tanto al archivo de la causa que instruyó el juez Joaquín Aguirre (ya jubilado), después de que la Audiencia Provincial de Barcelona le obligase a hacerlo calificando el procedimiento de «sudoku procesal», como al carpetazo del Tribunal Supremo a las diligencias abiertas desde que el propio Aguirre le remitió una exposición razonada con los indicios para imputar a Puigdemont. Del mismo modo, la defensa de Alay hace referencia a que ese «informe Troya» fue rechazado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al advertir que carecía «de una mínima narrativa con relevancia penal».

"Criminalizar el derecho a la protesta"

El abogado se queja de que el recurso de apelación –planteado por los dos agentes contra la decisión del juez Piña de no incorporar ese informe al «caso Tsunami»– «ha ocultado deliberadamente» estos hechos al instructor con el objetivo de «confundirlo» y provocar «una indebida reapertura» de un procedimiento ya sobreseído. Se trata, insiste, de una «deslealtad procesal» y de un «evidente acto de mala fe» que le lleva a instar una condena en costas para los recurrentes.

En sus alegaciones, hace referencia también a la afirmación de los dos policías de que con este recurso no pretenden reabrir causas ya amnistiadas y recuerda que la investigación fue archivada, no en aplicación de la polémica ley, sino a consecuencia de haberse declarado nulas todas las diligencias practicadas tras la última prórroga, acordada fuera de plazo.

Boye afea a los recurrentes que hayan intentado construir lo que define como «un relato novelesco a partir de recortes de prensa» detallando los altercados en la protesta de Tsunami en la que ambos resultaron heridos –uno de ellos tuvo que jubilarse prematuramente a causa de las lesiones– con el objetivo de «criminalizar el derecho a la protesta» y a personas «que ningún delito han cometido».

Según esa petición de reapertura, el informe policial apunta que los «actos de terrorismo» de Tsunami «pudieron tener intervención de potencias extranjeras», lo que abonaría una investigación no solo por terrorismo, sino también por alta traición contra los responsables de la plataforma. Algo que según la defensa de Alay no tiene «base alguna».

Atribuir a esas protestas, insiste, «una dimensión geopolítica y conspirativa» y sostener que pudo afectar a la seguridad nacional «se aparta sensiblemente de la verdad y de la realidad».