El juez admite que desconoce si los papeles de Aldama para probar sus acusaciones "existen o no"

El juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga a José Luis Ábalos defiende en bloque su instrucción de la causa ante las críticas del exministro, que recurrió -respaldado por el que fuera su asesor, Koldo García- la decisión del instructor de indagar en su patrimonio en busca del rastro de supuestas comisiones por intermediar en adjudicaciones públicas, disconforme también con el examen de sus comunicaciones que ha ordenado el magistrado Leopoldo Puente con, entre otros, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el ministro Ángel Víctor Torres, señalados por el comisionista Víctor de Aldama en la presunta trama de mordidas.

Para Puente, resulta necesario examinar el posible contenido incriminatorio de esos mensajes antes de decidir, en su caso, si solicita el suplicatorio del diputado socialista. Este paso, insiste, no significa investigar "a persona aforada alguna", por lo que difiere a un momento posterior al análisis de esos posibles mensajes la tarea de "resolver en uno u otro sentido".

El instructor rechaza el recurso de la defensa de Ábalos contra esa batería de diligencias -que incluye la citación de 17 testigos, incluida la empresaria que afirma que llevó a Ferraz bolsas con 90.000 euros- y deja claro que en ningún caso se trata de una investigación prospectiva (la que se lleva a cabo mediante una fiscalización general de su comportamiento sin un objeto concreto). En esa resolución, Puente hace una defensa cerrada de la Unidad Central Operativa (UCO), ante las dudas sobre su imparcialidad del exministro, que ha denunciado a la unidad de la Guardia Civil, a quien responsabiliza de las filtraciones del sumario.

Y por si le queda alguna duda, el magistrado recuerda a Ábalos la razón por la que se le investiga, que no es otra que haber percibido supuestamente haber "de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer,

prevaliéndose de su condición de ministro del Gobierno de España, la concertación de determinados contratos con la Administración pública o institucional". De ahí que la investigación de su patrimonio encargada a la UCO busque "la comprobación futura de posibles ingresos indebidos o beneficios económicos vinculados a dichas posibles conductas".

No se trata, en ningún caso, subraya, de una "inquisición general acerca de su conducta pasada con relación a cualesquiera eventuales comportamientos diversos que pudiese haber protagonizado". Y en cualquier caso le aclara que no es su defensa "quien dirige la presente instrucción".

Ha llamado a declarar como testigo a su hijo Víctor (a lo que también se opone el exdirigente socialista) porque Aldama aseguró disponer de mensajes suyos sobre el piso del Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones, que habría ofrecido al entonces ministro en alquiler con opción a compra como garantía del pago de comisiones futuras.

En todo caso, ante las reticencias del exministro sobre esa panoplia de testigos, el instructor le recuerda que la investigación no se ciñe exclusivamente, como en sus albores, a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia a una empresa de la supuesta trama, sino que -como se encargó de recalcar el pasado diciembre- se extiende también "a otras actuaciones de intermediación y gestión relativas a distintas actividades" relacionadas con los investigados.

El juez del Supremo defiende la necesidad de valorar el precio del piso del Paseo de la Castellana que Aldama habría puesto a disposición de Ábalos (quien finalmente no llegó a ocuparlo).

Puente niega que no actué de forma imparcial por haber citado hoy a Ábalos para la celebración de una vistilla para la adopción de posibles medidas cautelares contra él. "No hay, a mi juicio, en lo resuelto pérdida alguna de objetividad o de imparcialidad, ni animosidad de ninguna naturaleza hacia la persona del investigado", recalca. Y, no obstante, le recuerda que si así lo piensa tiene la opción de recusarlo.

Puente desbarata la petición de Ábalos de que reclame a Aldama toda la documentación de la que dispone -y no solo la referente a los pisos con "señoritas" que habría alquilado supuestamente para el ministro, Koldo y el ministro Torres-, dada su voluntad de colaborar con la Justicia tras el pacto alcanzado con la Fiscalía a cambio de su confesión en la Audiencia Nacional.

El juez matiza que aunque el comisionista "se ha referido a ciertos documentos que se encontrarían en su poder, guarden o no relación con la intervención en los hechos" del exministro, él mismo "ignora, evidentemente, si dichos documentos existen o no y si están o no en poder del Sr. de Aldama". De hecho, asegura que no tiene en este momento "indicio alguno consistente de su efectiva existencia". Y en todo caso, precisa que como investigado no tiene obligación de declarar contra sí mismo ni de presentar voluntariamente documentos.

Y sobre el posible pacto con la Fiscalía, dice no saber nada: "Ni puedo darlo por sentado aquí ni especular acerca de su concreto contenido".

En cuanto al recelo de Ábalos respecto a la UCO, el magistrado señala que tiene "en alta consideración tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil", que le inspiran "una confianza en lo sustancial equivalente". Pero se decantó por la UCO, explica, porque fue la unidad que ha asumido la investigación desde que hace más de un año esta se pusiese en marcha. Sustituirla ahora supondría, advierte, "un grave retroceso" en la investigación.