La AN facilita más datos de la investigación a la Fiscalía Europea

El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la investigación del "caso Koldo" ha ordenado la remisión a la Fiscalía europea de distinta documentación relativa a los contratos firmadas entre los servicios de salud balear y canario y la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas.



En Bruselas investigan judicialmente los acuerdos de la época en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, eran presidentes de las administraciones insulares porque utilizaron para su financiación dinero procedente de fondos europeos.

El actual Gobierno balear de la popular Marga Prohens ha adelantado que procederán a la devolución de los 3,7 millones de euros que el anterior Ejecutivo socialista de Armengol siguiente lo que establece para un supuesto como este el protocolo antifraude europeo y la propia normativa que rige los fondos comunitarios. Dan así por perdida la aportación de la UE y asumen al completo el importe del contrato investigado.

La "descertificación" de la ayuda ha sido remitida a la AN como parte del recurso a la decisión del magistrado instructor de rechazar su perforación como acusación particular en el proceso ya que, entiende el Ejecutivo de Prohens, que son parte perjudicada en los hechos al tener que asumir al completo el importe del contrato investigado y dar por perdida la aportación de la UE. 



El envío de la información de interés tiene lugar en respuesta a la solicitud que de ella hizo la propia la Fiscalía europea a la AN el pasado 29 de febrero y con el fin de que el Ministerio Público comunitario pueda definir el ámbito de sus competencias judiciales en este asunto. Recibirá los autos que explican la situación particular de cada uno de los siete investigados en la trama de ‘mordidas’ y una evaluación elaborada por Hacienda sobre la trascendencia tributaria de los hechos, además del atestado policial.



Se sospecha que en la adquisición de éstas medidas de protección frente a la Covid hubo comisiones ilegales de fondos públicos comunitarios que acabaron en manos del que era el principal asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, Koldo García, y el resto de presuntos implicados, del empresario zamorano Víctor de Aldama, al vasco Íñigo Rotaeche o José Luis Cueto.

Uno de Baleares y cuatro de Canarias, fechados en los momentos más duros de la pandemia, entre abril y mayo de 2020, son los contratos públicos que presuntamente presentan irregularidades y maniobras corruptas. El valor total de los acuerdos supera los 16 millones de euros. 



El gobierno socialista canario del ahora ministro Torres pagó poco más de dos millones de euros de fondos públicos para hacerse con 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 FFP2. Para su traslado hasta las islas tuvieron que desembolsar, también en concepto de fletes aéreos y contratación de un seguro para su transporte, 447.061 euros. El tercer y último contrato de 4,7 millones de dinero público sirvió sobre el papel para la suministración de dos millones de mascarillas KN95. 

En el caso balear, el gobierno tripartito (con Podemos y Més) presidido por Francina Armengol, ahora tercera máxima autoridad del país, se firmó en mayo de 2020 con 3,7 millones invertidos en 1,5 mascarillas FFP2. 



Los servicio de intermediación y abastecimiento de este material sanitario en duda fueron exclusivamente contratados con la sociedad limitada que en última instancia era propiedad de Cueto y en la que Rotaeche ejercía de administrador, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con domicilio en la ciudad aragonesa de Zaragoza y una oficina en el madrileño barrio de Salamanca. 



La investigación en instancias europeas comenzó a raíz del envío el pasado 8 de junio por parte de la Fiscalía Anticorrupción a la Europea de los contratos de las dos administraciones regionales ahora parte del “caso Koldo” al haber sido abonados con fondos que son de su competencia. En la investigación por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias ha sido designado para ejercer como juez de garantías el magistrado español Manuel García Castellón y, consecuentemente, será el responsable de autorizar las distintas diligencias que vaya queriendo realizar la Fiscalía de la Unión Europea a lo largo de la investigación.