Desalojan a casi 60 migrantes de un poblado chabolista en Níjar

Sin altercados, más allá algunas protestas por la «pasividad de las administraciones y la patronal agrícola», se culminó el derribo de las chabolas donde residían alrededor de 60 personas de origen extranjero, entre ellos menores de edad, en el cortijo El Uno del núcleo de San Isidro, en el municipio almeriense de Níjar. Tras varios requerimientos previos, la mayoría de los moradores habían abandonado ya el almacén, las casetas interiores o la zona de infraviviendas que ocuparon en el terreno que una resolución judicial devolvía a sus legítimos propietarios. Mientras los últimos ocupantes trataban de reunir, entre lágrimas y sollozos, las pertenencias acumuladas, la Guardia Civil y la Policía Local confirmaban el desalojo total de forma pacífica y custodiaban la maquinaría con la que, inmediatamente, se apartaban los obstáculos que trataban de impedir su paso para culminar el derribo de las chabolas.

«Explotación, infravivienda y humillación de miles de trabajadores», denunció José García, portavoz de la plataforma Derecho a Techo, señalando que «tras muchos compromisos de que se iban a hacer viviendas, nos encontramos la paradoja de que hay 60 alojamientos en Los Grillos para que nadie se quede en la calle, pero dejamos a estas familias, entre ellos nueve niños, sin ninguna alternativa ocupacional».

«Desgarro e impotencia», remarcó otro miembro de esta organización conformada por los Jesuitas, Daniel Izuzquiza, apelando a que «el Ayuntamiento de Níjar debería ser el encargado de realojar a esta gente al menos de manera temporal en un sitio digno». «Se hacen medidas de presión a la propiedad privada para que ejecute y se desentiende el sector publicó», lamentó, calificando de «vergüenza» este «problema humanitario y social» cuando «aquí se construye vivienda turística cara, pero no para estos trabajadores del campo». Sin embargo, pese a las reclamaciones de distintas plataformas, entidades e instituciones, como el Defensor del Pueblo Andaluz, para dar atención social en el marco de sus competencias a estas personas y familias, desde el Ayuntamiento de Níjar no se adoptaron medidas en materia social al tratarse de una finca «privada», atendiendo solo el requerimiento de apoyo al desalojo realizado por la Guardia Civil. Tampoco desde Subdelegación de Gobierno en Almería quieren hacer valoraciones de la ejecución de esta orden judicial, si bien Por Derecho a Techo habría convocado una movilización para el próximo 13 de abril ante el «problema estructural» de vivienda en Níjar que afecta «especialmente a los extranjeros que viven del campo». «No se ha planificado alojamiento para los trabajadores que sostienen este crecimiento económico», apreció otro representante, Diego Crespo, culpando también a la patronal agrícola de permitir que estas personas vivan «en situaciones que no son deseables para nadie», pese a que «se supone que tienen todos los permisos y respetan los derechos de los trabajadores».

«Aquí nadie hace nada», apuntillaron desde el colectivo, porque «aquí hay muchos asentamientos más y ninguna administración se preocupa». De hecho, los desalojados no tardarán en «buscarse la vida» por su cuenta con soluciones «híper precarias y provisionales», ya sea desde resguardarse «en un garaje» o «rehacer su chabola en otro lugar». «El aumento de los alquileres turísticos ha agravado el déficit de vivienda asequible, afectando a toda la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora del campo», han observado miembros del Servicio Jesuita a Migrantes ante una «crisis social» que requiere «respuestas urgentes y responsables» de las instituciones.

«Llevamos buscando alquiler desde que nos llegó la carta», contaba Fátima, residente hasta ayer en el poblado El Uno. «Todo el mundo sabe que en la comarca de Níjar no hay casas para alquilar, sí para vender, pero no podemos comprar en la situación en la que estamos». «Sabemos muy bien que es una propiedad privada, que el dueño necesita su tierra, pero lo único que pedimos es o que nos den casas para alquilar o que nos alarguen el tiempo para buscar en otras zonas de los alrededores», declaró, incidiendo en que «estamos dispuestos a pagar» y en la «situación muy difícil» en la que quedan porque «no sabemos a donde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos donde dejar la ropa». «Estamos con mucho miedo, con incertidumbre», lamentó Fátima, precisando que «somos como 4 o 5 familias las que viven aquí».

«Esto genera un problema, porque estamos acostumbrados a este sitio», manifestó Yahya, otro migrante que tendrá que buscar nuevo hogar. «Yo he venido de África para buscarme la vida, ¿me entiendes?», cuestionó, «para mandar ayuda a mi familia, para hacer un buen futuro».

«Las administraciones no pueden ser ajenas a esto», consideró el presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, despreciando la «exasperante lentitud» de las instituciones para poner en marcha incluso «sus propias iniciativas» de cara a facilitar unas viviendas temporales que aún «no están listas» para su uso. Desde las organizaciones se ha buscado alojamiento a ocho de los desalojados, mientras una de las familias afectadas ha optado por desplazarse a una vivienda en Murcia.