La Comisión Europea se ha pronunciado por primera vez sobre la dimensión europea del "caso Koldo" que investiga la Fiscalía Europea en los contratos de compra de mascarillas de Canarias y Baleares a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, utilizando una financiación procedente de fondos comunitarios.

El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, del que dependen las ayudas europeas, ha advertido de que en las más altas instancias de la UE "siguen muy de cerca" las informaciones que van aflorando en torno a la trama de mordidas vinculadas al principal asesor de Ábalos en Transportes, Koldo García, varios de sus familiares y los empresarios Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama, Íñigo Rotaeche y Rogelio Pujalte.

El comisario austriaco ha señalado la respuesta de la Físcalía de Bruselas a esta cuestión, con la rápida puesta en marcha de las pesquisas, como ejemplo de la "tolerancia cero contra la corrupción" que aplican.

Tras llegar incluso a mencionar literalmente el nombre de Koldo, trasladó también que la Comisión mantiene una total confianza en que la investigación vaya a arrojar la luz sobre si ha habido de por medio actos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en las adjudicaciones de la época de los socialistas Armengol y Torres al frente de las dos administraciones insulares.

El fin último debe ser, insistió Johannes Hahn, proteger al contribuyente europeo y, para ello, la Comisión va a ser "muy rigurosa", cooperando en lo necesario con la Fiscalía y con las causas que mantienen abierta al respecto la Audiencia Nacional.

Bajo sospecha están cinco contratos, cuatro firmados por el Gobierno canario del ahora ministro del PSOE Ángel Víctor Torres y uno del Ejecutivo balear que presidía la presidente del Congreso Francina Armengol, y que tienen un valor total de más de 16 millones de euros que se pagaron intrigaren con fondos procedentes de la UE a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

El gobierno socialista canario pagó en los peores momento de la pandemia poco más de dos millones de euros de fondos públicos para hacerse con 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 FFP2. Para su traslado hasta las islas tuvieron que desembolsar, también en concepto de fletes aéreos y contratación de un seguro para su transporte, 447.061 euros.

El tercer y último contrato de 4,7 millones de dinero público sirvió sobre el papel para la suministración de dos millones de mascarillas KN95. 

En el caso balear, el gobierno tripartito (con Podemos y Més) presidido por la ahora tercera máxima autoridad del país se firmó en mayo de 2020 con 3,7 millones invertidos en 1,5 mascarillas FFP2. 



Las declaraciones oficiales al respecto han tenido lugar durante un debate celebrado este miércoles en la Eurocámara impulsado por ña delegación europea del Partido Popular español.