«Caruana malogró la opción más clara de acuerdo sobre Gibraltar»

«En algún momento de su mandato, todos –o casi todos– los Gobiernos españoles han tenido que afrontar el contencioso de Gibraltar con el Reino Unido para hacer valer la reivindicación de soberanía española sobre ese territorio y administrar las consecuencias muy diversas y perturbadoras que conlleva la persistencia de la última situación colonial en Europa.

Nosotros también lo hicimos, con la voluntad de dar un impulso determinante a la solución del contencioso, abriéndolo a una fórmula de acuerdo todo lo realista que fuera posible pero todo lo inequívoca que era necesario en cuanto a la reivindicación de soberanía por parte de España.

El 12 de julio de 2002, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, anunciaba formalmente ante la Cámara de los Comunes que ambos países habían alcanzado "un principio de acuerdo"en torno a la cosoberanía sobre Gibraltar, y confirmaba que las conversaciones continuarían después del verano con el objetivo de llegar a un acuerdo global. Habíamos avanzado hasta un punto que nunca se había alcanzado para un acuerdo que encarrilara el contencioso con un cambio real, equilibrado y con recorrido de futuro para la plena reintegración de la soberanía sobre el territorio gibraltareño.

Poco después de que llegáramos al Gobierno, el ministro Abel Matutes ya habló de cosoberanía como una vía que teníamos que explorar. El mensaje quedó sobre la mesa, para retomarlo cuando hubiese condiciones para ello. Un Gobierno conservador en declive, con un futuro ya cercano de derrota electoral, como el que presidía John Major en un partido que vivía en plena exacerbación nacionalista a cuenta de sus tradicionales divisiones en torno a la Unión Europea no era el mejor interlocutor para abrir esta vía.

Abel Matutes fue precursor en este camino y un ministro experimentado y fiable, que suscitaba un gran respeto y conocía perfectamente la Unión Europea, desde donde había llevado a cabo una política muy activa de cooperación con Iberoamérica.

Fue un gran activo en ese primer Gobierno, que tenía precisamente en la política exterior una tarea muy exigente [...]. Habíamos alcanzado un grado de confianza y de interlocución que nos permitía hablar de esta grave diferencia en nuestras relaciones sin las restricciones que eran habituales en un guión argumental ya muy establecido. Éramos conscientes de que las relaciones hispano-británicas podían tener una proyección de futuro que no debía quedar frenada por la persistencia de este contencioso [...]. El primer ministro Tony Blair y yo mismo hablamos a fondo de esta oportunidad. Blair contó en sus memorias cómo, mientras él remataba el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, aproveché la estancia de su familia en Doñana, adonde fuimos a pasar la Semana Santa con el matrimonio Blair, para hablar con su suegra y explicarle nuestra posición sobre Gibraltar [...]. Blair y yo nos comprometimos con un proceso de negociación que queríamos que tuviese plazos concretos y que concluyera con un acuerdo global que cada uno pudiera presentar ante sus respectivos Parlamentos no sólo como aceptable sino como el compromiso posible y deseable para la relación bilateral y el bienestar de los ciudadanos de Gibraltar y de la comarca circundante.

En julio de 2001, los ministros Josep Piqué y Jack Straw acordaron relanzar el llamado "Proceso de Bruselas", el compromiso alcanzado en 1984 de emprender negociaciones bilaterales en las que el Reino Unido aceptaba abordar cuestiones de soberanía. Ese mismo año, en noviembre, me reuní con Tony Blair en la residencia de campo del primer ministro en Chequers. Tratamos en detalle y en el mejor ambiente posible los aspectos más delicados que planteaba la negociación y conseguimos aproximar las posiciones lo suficiente para poner en marcha las conversaciones.

A partir de entonces se inicia un trabajo diplomático muy serio y consistente dirigido por Josep Piqué y llevado a cabo por un equipo de profesionales muy solventes del Ministerio de Asuntos Exteriores que se enfrentaban a la tarea de encontrar fórmulas de acuerdo para un problema que parecía insoluble. Se hizo una gran labor. Blair mantuvo su compromiso con el avance de la negociación y en mayo de 2002 conseguimos acordar un proyecto de declaración conjunta hispano-británica que recogería el acuerdo final.

En el texto de la declaración se decía que "los Gobiernos de España y el Reino Unido comparten el siguiente objetivo: resolver sus diferencias sobre Gibraltar y, de esta forma, proporcionar a Gibraltar un estatus moderno y sostenible, incluyendo su participación más efectiva en las políticas de la Unión Europea". Se preveía la conclusión de un tratado bilateral por el que ambos estados deberían "compartir la soberanía respecto a Gibraltar, incluyendo el istmo". Se aseguraba que Gibraltar podría preservar "sus tradiciones, costumbres y modo de vida"mientras que España y el Reino Unido, "como cosoberanos", ostentarían "conjuntamente competencias apropiadas, en particular en materia de defensa, relaciones exteriores, control de espacio marítimo y aéreo y de las fronteras, inmigración y asilo y respecto de aquellas medidas» que pudieran resultar necesarias «para asegurar la estabilidad económica y financiera".

Ambos gobiernos compartiríamos la obligación de "proteger y promover los intereses de Gibraltar en la Unión Europea y en el ámbito internacional". Nos comprometíamos a trabajar para obtener la máxima financiación de la UE para Gibraltar y la comarca, a eliminar las restricciones sobre el aeropuerto y a iniciar conversaciones con el Gobierno local para la inclusión de Gibraltar en la Unión Aduanera, el Acuerdo de Schengen y otras políticas de la Unión Europea. Los gibraltareños podrían mantener la nacionalidad británica y acceder a la española según las disposiciones del futuro tratado. Cuando Straw anunció el principio de acuerdo, se estaba avanzando en los tres puntos que requerían mayor esfuerzo negociador. Se trataba, en primer lugar, de la temporalidad del acuerdo. Es decir, el futuro tratado no debería entenderse como algo que satisfacía la reivindicación española, que seguía apuntando a la reintegración plena de la soberanía sobre la colonia [...].

El segundo punto se refería al alcance del referéndum que se celebraría en Gibraltar. Nosotros no podíamos aceptar un referéndum que decidiera sobre el tratado bilateral que ambos estados preveíamos concluir. Eso equivaldría a un referéndum de autodeterminación que daría a Gibraltar capacidad para invalidar las decisiones soberanas de dos Estados. Aceptábamos un referéndum sobre el estatus de autogobierno que mantendría Gibraltar, pero no sobre el acuerdo de cosoberanía en sí. Aquí era donde lo jurídico y lo político adquirían toda su sensibilidad.

El tercer punto por resolver era la presencia española en las instalaciones militares. Nosotros pusimos sobre la mesa el mando conjunto de dichas instalaciones, mientras el Reino Unido hablaba de "uso conjunto", lo que para nosotros resultaba insuficiente [...].

A pesar de las dificultades, se estaba trabajando bien en encontrar fórmulas aceptables y manteníamos la voluntad de seguir impulsando el proceso negociador.

Bien es cierto que empezaban a aparecer algunos síntomas preocupantes, sobre todo el endurecimiento creciente de las posiciones que defendían los diplomáticos del Foreign Office (el conocido poder de la alta burocracia británica), las divergencias que empezaban a manifestarse en el Gobierno británico y una agenda política que se iba complicando para Tony Blair. El anuncio de Straw en la Cámara de los Comunes pretendía marcar el inicio de la fase final de la negociación y oficializar el compromiso del Gobierno británico con un acuerdo global. Sin embargo, provocó una agresiva reacción de las autoridades gibraltareñas y la activación del lobby de la colonia en Londres. El ministro principal, Peter Caruana, elevó su desafío y anunció un plebiscito en la colonia con el que quería deslegitimar la negociación y dejar al Gobierno Blair sin margen de maniobra. La estrategia encontró apoyos suficientes para inhibir la respuesta que habría sido necesaria por parte del Gobierno británico para mantener la negociación. El 7 de noviembre se produjo el plebiscito anunciado, con el resultado esperable. Poco más de diecisiete mil personas, cuyos derechos e intereses se respetaban escrupulosamente en el acuerdo que estábamos diseñando, y que se iban a beneficiar de la apertura económica y de la ampliación de los intercambios, ponían un obstáculo decisivo que malograba la oportunidad más clara y desarrollada de un acuerdo que favorecería a todos[...].

De nuevo, es incomprensible que, en vez de continuar explorando las posibilidades abiertas con el avance sustancial en la vía de la cosoberanía, nuestros sucesores en el Gobierno retrocedieron hasta un punto insólito y gravemente perjudicial para la reivindicación española al aceptar un foro trilateral que incorporaba a Gibraltar como una parte más reconocida por España. Un grave error que sólo podía tener una interpretación: la debilidad y el abandono, claves de nuestra política exterior durante demasiado tiempo».