La Audiencia Nacional anula parte del «caso Tsunami» y deja en el aire la imputación de Puigdemont

La estimación por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) del recurso de apelación que presentó la secretaria de Movimientos Sociales de ERC Marta Molina ha acabado con la declaración de nulidad de todas las diligencias que el juez García-Castellón practicó a partir del 29 de julio de 2021en el marco del «caso Tsunami». Precisamente un día antes de la fecha en la que el instructor dictó el auto que prorrogó seis meses la investigación.

La decisión deja en el aire la investigación por terrorismo del expresident prófugo Carles Puigdemont al haber sido incluido en el procedimiento con posterioridad a este fecha por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, una parte del proceso judicial que está ahora en manos del Tribunal Supremo (TS) porque era aforado como eurodiputado en Bruselas en el momento de su inclusión entre los investigados.

El tribunal le da así la razón a la republicana al considerar que la prórroga fue «extemporánea» –se hizo fuera de plazo– ya que debería haber declarado su prolongación antes de la fecha límite del plazo de instrucción entonces vigente, como establece la legislación, y no después, como hizo el juez al día siguiente de expirar ese plazo. Ordena así la Audiencia Nacional, en consecuencia, a García-Castellón que dicte una nueva resolución dirigida a decidir si continúa con la causa o resuelve su sobreseimiento teniendo en cuenta solamente las pesquisas judiciales que acordó antes del 29 de julio de 2021.

Los tres magistrados que firman la resolución –Ana María Rubio, Carlos Fraile y Alfonso Guevara– ponen así en marcha desde esta Sala lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 779 para volver a hacer al instructor decidir sobre la continuidad del procedimiento sin parte de lo que hasta ahora conformaba la investigación por terrorismo del «caso Tsunami».

En la causa está también imputada la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que permanece huida en Suiza desde marzo de 2018 para evitar hacer frente a posibles consecuencias penales, y el diputado republicano en el Parlament también fugado en el país helvético Ruben Wagensberg. Al igual que el líder de Junts y expresident, la acción judicial contra Wagensberg por terrorismo permanece en el Tribunal Supremo dada su condición de aforado como diputado del Parlament.

La presencia de estos tres dirigentes del independentismo investigados en el «caso Tsunami» tendrá que volver a ser dictada y argumentada por García-Castellón al haber sido posteriores a finales de julio de 2021.

El juzgado instructor consideró que el plazo de instrucción no llegó a expirar gracias al auto del 30 de julio de 2021 en el que se acordó la prórroga y le «dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna» de las actuaciones.

Ahora, la Sala de lo Penal señala las contradicciones que presenta este razonamiento que desplegó en su auto ahora anulado García-Castellón. «No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente. Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos –están separados por menos de 24 horas– es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo».

Por todo ello, el tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino lo contrario.

Sin embargo, en el caso del otro recurso presentado por la mano derecha de Carles Puigdemont, el también investigado Josep Lluís Alay, la Sala rechaza el recurso con el que pretendía el sobreseimiento de la causa justamente apoyándose en la expiración del plazo de instrucción del procedimiento.

Los magistrados consideran que Alay constaba en este causa como investigado ya antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración alguna en sede judicial bajo esta condición.

En la lista de los otros siete investigados figuran los nombres del dirigente de ERC Xavier Vendrell; el señalado como tesorero de «Tsunami Democrático», Jaume Cabani; el que fuera vocal de Òmnium Cultural Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó, y el financiero italiano Nicola Glavio Giulio Foglia.

La Sala indica que será ahora el titular García-Castellón el que bajo su propio criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro de este periodo que concluyó el 29 de julio de 2021, dicte el fin de la investigación o su continuidad, y en este último caso, con qué imputados. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, celebró ayer la decisión a través de un tuit: «Inicio del primer asalto, ¡ganado! ¡Seguimos, porque lo ganaremos todo».