José María Macías (Barcelona, 1964), abogado, magistrado en excedencia y puntal del bloque conservador en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), niega que exista rebelión alguna contra el Gobierno por sortear el plazo legal fijado para renovar a dos jueces del Tribunal Constitucional, pero ve a este Consejo como «la aldea de Astérix, resistiendo desde hace tiempo a unas presiones fuera de lugar».

Lesmes alertó hace unos días del estropicio en la cúpula judicial por la no renovación del CGPJ y la imposibilidad de hacer nombramientos. ¿Quién es el culpable?

Responsables en el inicio son todos los que no fueron capaces de llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero responsable del estropicio solo hay uno, y en esto sí que no hay la menor duda. La responsabilidad del estropicio es de una ley que nos impide atender debidamente las necesidades del Tribunal Supremo y de otros tribunales. Quienes aprobaron esa ley son los que han causado el gravísimo deterioro que se ha producido en el Tribunal Supremo. No se puede solucionar una discrepancia política entre partidos llevando al deterioro a las instituciones. Y eso lo ha conseguido el Gobierno con una torpeza extraordinaria y una sucesiva aprobación de leyes cada una peor que la anterior. Por tanto, distingamos: el problema es la falta de renovación del CGPJ y de eso son responsables varios. Pero del estropicio causado a la Justicia solo lo es el Gobierno.

¿La dimisión de Lesmes es la solución o agravaría el problema?

Sin lugar a dudas lo agravaría. Alabo su valentía después de varios años de pedir que se solucione un problema, pero espero que reflexione y no abandone el barco cuando más falta hace, porque la tripulación necesita un capitán.

Desde algunos sectores se ha llegado a pedir la dimisión en bloque de los vocales del Consejo para desatascar la renovación. ¿Lo considera un brindis al sol?

Es una gravísima irresponsabilidad, porque lo que se proponía para solucionar un problema era causar uno mucho mayor. Y además es de una grave ignorancia. Recomendaría a quien hizo esa lectura que analizara lo que prevé el artículo 409 del Código Penal y vería que estaba proponiendo un delito de abandono colectivo de un servicio esencial, el mismo en el que incurrieron los controladores aéreos con su huelga salvaje. Es una incitación al delito que es la cosa más absurdamente irresponsable que puede esperarse de un responsable político.

PSOE y PP se culpan mutuamente del bloqueo en la renovación del CGPJ, pero lo cierto es que resulta inexplicable que la institución lleve casi cuatro años en funciones. ¿Qué ha fallado?

Ha fallado el dialogo, es evidente, pero también ha habido una absoluta falta de sensibilidad para situar el estado de derecho en la órbita que nos está reclamando Europa.

¿Por parte de quién?

De posiciones inmovilistas que se niegan a que la LOPJ sea reformada para cumplir los estándares europeos. Y en esto solo está el Gobierno. Tenemos tres sentencias del TEDH y otras tres del TJUE del año pasado en las que se dice que las sentencias dictadas por tribunales cuyos miembros han sido nombrados por un Consejo como el nuestro violan el derecho a la independencia judicial.

Se habla de bloques conservador y progresista. ¿El CGPJ está politizado?

Politizado en el sentido de que se responda a una indicación política, no. No hay una correa de transmisión desde los partidos. Otra cosa completamente diferente es que mientras nombren en el Parlamento a todos los miembros del CGPJ, la apariencia de politización es inevitable. Y en una sociedad democrática la ciudadanía forma su juicio a través de las apariencias. Si nosotros aparentamos estar politizados, lo que nosotros decidimos aparenta estar politizado. Y a veces nombramos jueces y, como una especie de pecado original, nuestra apariencia de politización se traslada a los jueces, aunque sean las personas más independientes de la tierra.

¿En qué ayudaría a superar esa imagen la designación por los jueces de los doce vocales de procedencia judicial?

Se superaría totalmente esa apariencia de politización. Es evidente que los doce jueces elegidos por los jueces tendrán una forma diferente de entender la vida, pero ya no cargarán con la apariencia de politización que les da la elección por un partido.

¿Esa reforma es irremediable?

A mi modo de ver sí. El Tribunal Constitucional, en el año 1986, dijo que el actual sistema cabía en la literalidad de la Constitución, pero que planteaba un riesgo evidente de politización si se empleaba mal. Pero en 2022, después de que nos hemos incorporado al derecho de la UE y de que el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo han aclarado, el riesgo de politización es en sí mismo un elemento que niega la independencia. Estoy absolutamente convencido de que el TC, con los mismos mimbres de 1985, si tuviera que dictar hoy la sentencia y tuviera en cuenta la jurisprudencia europea llegaría a una conclusión completamente diferente.

La reforma que limita las competencias del Consejo mientras siga en funciones se planteó como una solución para desatascar la negociación, pero ahora es parte del problema. ¿Debería el Gobierno dar marcha atrás?

Obviamente debería hacerlo. La ley 4/21 fue una reacción a un problema generado por ellos mismos cuando no se les ocurrió otra cosa que proponer que al CGPJ lo nombrara un Parlamento con una mayoría limitadísima que es la misma mayoría que apoya al Gobierno. En definitiva, se estaba proponiendo que el Gobierno, a través de su grupo parlamentario, nombrase como quisiese a la totalidad del CGPJ. Esa propuesta provocó una reacción en Europa como no la había visto nunca antes y que hizo que el Gobierno diese marcha atrás. Pero la inmediata consecuencia para forzar a negociar fue un chantaje al principal partido de la oposición y secuestrar los derechos de los ciudadanos. Es decir, voy a ocasionar un daño tal al Supremo y a la Justicia que voy a provocar que la otra parte de la negociación, a la que voy a culpar de lo que estoy haciendo, tenga que dar marcha atrás y avenirse a una negociación en los términos que quiero. Esa ley es tan absurda como rotundamente inconstitucional.

¿Debería haberse pronunciado ya el TC sobre la constitucionalidad de la reforma?

Incomprensiblemente no ha resuelto lo que quizás sea el asunto de mayor trascendencia que ha pasado nunca por el tribunal, en cuanto pone en cuestión un elemento nuclear de la división de poderes y, por tanto, de la propia estructura del Estado. Me resulta incomprensible y me produce cierta perplejidad que no se haya resuelto con una celeridad extrema. El TC no está siendo respetuoso, institucionalmente leal, con otros órganos constitucionales. No ejerciendo sus competencias, está impidiendo que el Consejo ejerza las suyas y me parece de una gravedad insólita.

El CGPJ debe elegir ahora a dos magistrados del TC. ¿Cómo interpreta el plazo legal de tres meses que se impuso al Consejo para tomar esa decisión?

Es un intento de generar presión en el poder judicial para el ejercicio de sus funciones. Que vaya a surtir efecto ya se verá. Si no nos hubieran prohibido nombrar y el Tribunal Constitucional no estuviera tolerando esa ley inconstitucional, habríamos nombrado esos dos magistrados en junio sin lugar a dudas. Si no lo pudimos hacer fue porque el Gobierno nos lo impidió. Este plazo en ningún caso nos va a desviar de nuestra obligación: hacer un nombramiento consensuado y lo mejor posible. No creo que tenga una obligación diferente.

Normalmente hemos elegido para el TC magistrados del Tribunal Supremo, cuyo mérito y capacidad va por delante. Por lo tanto, la valoración que tenemos que hacer es más compleja. Por ejemplo, a mí me interesa saber antes de hacer el nombramiento qué va a pasar con la plaza del Senado que está pendiente. No acabo de entender cómo se nos puede poner plazo sin, al mismo tiempo, cumplir esa obligación. Ese incumplimiento no se lo plantean como una violación de la ley. El rasero que se aplica el Gobierno es diferente al que aplica el Consejo, algo que no es propio de las relaciones que se tienen que entablar entre poderes constitucionales.

A los ocho vocales que han sido contestatarios frente a esa reforma se les acusa de pretender bloquear la elección por supuestos intereses políticos.

Yo estoy llamado solo a una obligación fundamental: defender la independencia de los tribunales, y eso exige que lo haga respetando su buen funcionamiento. Si tengo que sacar a los candidatos para el TC del Tribunal Supremo, que está deteriorado hasta extremos insólitos, tengo que saber qué medidas se van a adoptar para que yo no contribuya a un mayor deterioro del tribunal privándolo aún de más efectivos. Hacer lo adecuado no es síntoma de rebelión, sino de responsabilidad, y la rebelión frente a la irresponsabilidad creo que no merece ese nombre.

¿En qué ha cambiado su percepción del CGPJ durante sus ocho años en la institución?

Creo que el CGPJ es un acierto de la Constitución y un órgano imprescindible si quieres preservar la independencia judicial. Yo observo lo que está sucediendo ahora con la actitud del Gobierno respecto al poder judicial y pienso qué sucedería en esas circunstancias si la gestión del Poder Judicial le correspondiese al ministro de Justicia.

Un epitafio para este Consejo.

Me recuerda a la aldea de Astérix. En un rinconcito y resistiendo desde hace un tiempo unas presiones fuera de lugar. Es el Consejo que resistió. Al menos hasta ahora.