El juez pide a la Fiscalía y a la Abogacía un listado de preguntas para interrogar a Bolaños

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha remitido hoy un escrito a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que en los próximos tres días envíen el listado de preguntas que quieren hacer al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el marco del “caso Pegasus”. El ministro estaba citado a declarar como testigo mañana, si bien solicitó su derecho a hacerlo por escrito por lo que no habrá imagen suya entrando en sede judicial.

“Por medio del presente escrito vengo a solicitar que se acuerde lo procedente para informar por escrito sobre los hechos objetos de mi declaración”, expuso Bolaños a la Audiencia Nacional. Se acogía así a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aquellos que forman parte de la dirección de algún ministerio quienes están exentos de acudir presencialmente. El juez Calama le ofreció la opción de hacerlo por videoconferencia en la fecha y la hora que Bolaños quisiera “sin alteración de las funciones inherentes a su cargo”. Pero por parte del ministro no hubo respuesta.

“El referido testigo ha dejado precluir el indicado plazo sin efectuar manifestación alguna al respecto. Tal postura nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia”, señala Calama en un auto con fecha de este mismo lunes. En el mismo indica que ahora da tres días a las únicas dos partes que, por el momento, hay en el proceso: Fiscalía y Abogacía del Estado. Deben presentar un pliego de preguntas que quieran hacer al ministro sobre el espionaje que sufrieron los móviles del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el responsable de Agricultura, Luis Planas.

Las dudas que planean sobre la actuación de Bolaños giran en torno a quién correspondía la seguridad de los dispositivos en los que en 2021 se inyectó el spyware Pegasus. Las versiones encontradas defienden, por un lado en el entorno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que la responsabilidad es del departamento de Seguridad que se aloja en La Moncloa. En cuyo caso, en las fechas en las que se produjeron los ataques dependían de Bolaños que estaba en el gabinete del presidente. La otra versión más cercana al propio Bolaños señala a que este tipo de protección digital pende únicamente del CNI como garante.

Calama levantó el secreto de sumario que había acordado al inicio de esta investigación el pasado 3 de mayo, después de escuchar la versión de la exdirectora del CNIPaz Esteban y del funcionario que realizó el análisis de los móviles de los miembros del Gobierno. El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- concluyó que los terminales habían sufrido varios ataques sin especificar por parte de quién. Esto es uno de los interrogantes que el magistrado planea resolver y por el que ha pedido información a Israel, sede de la compañía NSO Gruop que vende este software.

La Abogacía en contra de Prolege

La asociación de Juristas Europeos Prolege solicitó personarse para poder ejercer de acusación popular en esta causa tan sensible. Juez y Fiscalía estuvieron de acuerdo si pagaban 10.000 euros de fianza para asegurarse de que sus intenciones eran única y exclusivamente ejercer de contrapeso en la investigación y no utilizar la información que dentro se albergara con ningún fin espurio. En este momento la asociación todavía continúa recaudando el dinero establecido por la Audiencia Nacional, si bien ha presentado un escrito con el listado de preguntas que querría hacer a Bolaños.

La Abogacía del Estado presentó un recurso en contra de que Prolege formara parte del procedimiento. Le resultaba “improcedente” porque aunque los hechos investigados fueran de interés general también hacían referencia a asuntos privados de los perjudicados. Si se dejara participar a la asociación, señala la Abogacía en defensa de los miembros del Gobierno, “se daría lugar a posible acceso a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados en directa contradicción con lo que precisamente constituyen el fundamento de la acción penal y el bien jurídico que se quiere proteger”.

Sin embargo, el juez ha continuado su línea y ha desestimado recurso este mismo lunes. Dice que el delito investigado -el de revelación de secretos- afecta a los “intereses generales”.