El juez del “caso Pegasus” levanta el secreto y cita como testigo a Félix Bolaños

El titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha decidido esta mañana levantar el secreto del “caso Pegasus” y ha acordado citar como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio. Además, tal y como ha adelantado LA RAZÓN, el magistrado de la Audiencia Nacional escuchó el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban.

El magistrado, que lleva semanas trabajando tras la denuncia el pasado 2 de mayo de la Abogacía del Estado por el espionaje con el programa israelí a miembros del Gobierno, ha decidido ampliar la petición de información cursada a Israel para tratar de tomar declaración al CEO de la empresa que comercializa el software NSO Group. La intención de Calama es obtener el permiso para trasladarse allí e interrogar al encargado del programa que ha ‘robado’ gigas de información de los dispositivos del Ejecutivo. El juez ya dirigió una primera petición en forma de comisión rogatoria al extranjero para que la compañía informara sobre los distintos extremos de esta herramienta informática.

Ahora Bolaños, que era el responsable del departamento de Seguridad de La Moncloa cuando se produjo el espionaje entre mayo y junio de 2021, tendrá que dar su versión el próximo 5 de julio a las 9 de la mañana. Junto a Esteban compareció también un funcionario del CNI encargado de elaborar los informes sobre la infección a los móviles del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del encargado de Agricultura, Luis Planas.

El Juzgado de la Audiencia Nacional considera ahora que puede alzar el secreto, pero advierte de que puede volver a decretarlo si la investigación así lo demanda más adelante. El objetivo último de la causa es encontrar quién estuvo detrás del espionaje y todas las miradas están puestas en el extranjero por las fechas en las que se inyectó el Pegasus. El 19 y 31 de mayo de 2021 en el caso de Sánchez y en junio del mismo año en de Robles y Marlaska. Hecho que coincidió con una de las mayores crisis migratorias que ha vivido España cuando unas 10.000 personas saltaron la frontera de Marruecos rumbo a Ceuta.

Las pesquisas se centran en un presunto delito de revelación de secretos. A petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ofreció a los propios perjudicados la posibilidad de personarse en el procedimiento, pero hasta donde se ha conocido ninguno aceptó ya que, de facto, la Abogacía del Estado defiende los intereses del Gobierno.