El juez reclama las actas de la cúpula de ETA para esclarecer quién ordenó asesinar a Gregorio Ordóñez

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha impulsado una batería de diligencias para avanzar en la investigación contra cinco ex dirigente de ETA a quienes responsabiliza de haber dado las órdenes para asesinar a Gregorio Ordóñez en 1995.

El magistrado pretende esclarecer si Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri”, Mikel Albisu, “Mikel Antza”, Julián Achurra, “Pototo”, y Juan Luis Aguirre Lete, “Isuntza”, participaron efectivamente, como integrantes del comité ejecutivo de ETA en esas fechas, en la decisión de ordenar asesinar al concejal del PP en San Sebastián el 23 de enero de 1995.

Una vez interrogados “Mikel Antza” e “Iñaki de Rentería” (los dos únicos que se encuentran en libertad) -que negaron cualquier relación con el atentado- el instructor quiere delimitar si puede atribuir a los ex dirigentes etarras una responsabilidad en el atentado bien como autores mediatos, bien como responsables, por omisión, del delito cometido por los miembros del “comando Donosti”.

Por eso solicita a la Guardia Civil la “localización y análisis” de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con las actas de reunión del Zuba o Comité Ejecutivo de ETA en las fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez. Para poder así, explica en la resolución en la que acuerda la medida, “corroborar la asistencia a las citadas reuniones” de los entonces dirigentes de ETA, tal y como defiende la Guardia Civil en un informe de 2016. Además, quiere saber “los temas y asuntos tratados en las mismas, con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994″ (tras la caída de la cúpula terrorista en Bidart (Francia).

Similitudes con el intento de asesinar al Rey

Asimismo, reclama la información que se haya obtenido de los dispositivos informáticos incluidos en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Albisu, en octubre de 2004, para revisar así si entre los datos “hubiera indicios o informaciones” relacionados con el asesinato.

Abascal pide igualmente a la Guardia Civil que aporte al procedimiento otros informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista imputados y sobre su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales (entre ellos el asesinato de Alberto Jiménez Becerril en 1998 y su esposa, el intento de asesinato de Don Juan Carlos en Palma de Mallorca en 1995 y el secuestro de José Antonio Ortega Lara en 1996).

En cuanto al plan para asesinar al soberano, Abascal destaca “las similitudes” con el asesinato de Ordóñez por tratarse de “acciones cualificadas que necesariamente necesitaban permiso del Zuba para poder llevarlas a cabo” y que se llevaron a cabo el mismo año. Y subraya que dos sentencias de la Audiencia Nacional establecen el papel que desempeñó “Kantauri” en la “orden, planificación y aportación de los medios necesarios al comando encargado de llevar a cabo el magnicidio”.

La “rígida disciplina” de la cúpula etarra

El instructor recuerda que en la resolución de 2015 en la que se admitió la denuncia de Consuelo Ordoñez, hermana del concejal asesinado, contra los cinco ex jefes de ETA, ya se establecía que ETA se asienta sobre la base de “una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas, de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal”. Sus miembros eran por tanto, subraya, dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar.

En su informe de 2016, recuerda, la Guardia Civil incluye dos cartas manuscritas intervenidas al «comando Vizcaya» en 1997 y atribuidas a «Kantauri» en un informe pericial, en las que insistía a los pistoleros que era “muy importante darles a los políticos del PP» y que “cualquier político del PP” era un “objetivo”, aunque decantándose por el secuestro. Aunque ambas misivas son posteriores al asesinato de Ordóñez, para el instructor evidencian el papel jugado por el terrorista “en su función de principal responsable de la actividad de los comandos ilegales”.

“El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado, señalaba esa resolución.

Una decisión “colegiada”

Después de marzo de 1992, tras la desarticulación de la dirección de ETA en Bidart, “Iñaki de Rentería” y Mikel Albisu -continúa el relato del magistrado- consiguieron “reorganizar estructural y operativamente” la banda terrorista, incorporando a más miembros a la “nueva dirección de ETA” y que responsabilizaron de los distintos aparatos de la banda criminal: “Kantauri”, Aguirre Lete y “Pototo”. Los tres se integraron en el nuevo comité ejecutivo de ETA entre finales de 1994 y 1995.

Pero antes, añade, la renovada dirección etarra puso en marcha, en 1993, una nueva estrategia que consistía en impulsar una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE. Se trataba de demostrar que ETA “había recuperado su poder generador de violencia, terror y subversión” para forzar una hipotética negociación. El atentado contra don Gregorio Ordóñez se encuadra en esa “estrategia de desestabilización” de la que forman parte los imputados -defiende Abascal- “a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA”.

En ese contexto, continúa esa resolución, “el comité ejecutivo toma la decisión de forma colegiada de atentar contra militantes y dirigentes” de PP y PSOE, que a partir de entonces (julio de 1993) se convierten para la banda terrorista en “objetivos prioritarios”.