Ofensiva

Belarra acusa a la Justicia de condenar a Isa Serra “sin pruebas”

La ministra de Derechos Sociales lidera la estrategia del partido contra el Supremo y avisa de que llegarán “hasta el final” porque “es gravísimo para la democracia”

El Alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), en el acto de presentación del documento ‘Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España, a 13 de octubre de 2021, en Madrid
El Alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), en el acto de presentación del documento ‘Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España, a 13 de octubre de 2021, en MadridJesús HellínEuropa Press

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra sigue la estela del partido que dirige y ahonda en su ofensiva contra la Justicia. Los morados han reaccionado de forma muy contundente contra la Justicia desde que el Tribunal Supremo emitiera su sentencia condenatoria contra la portavoz de Podemos, Isa Serra, por atacar a la policía. De la misma manera actuaron la pasada semana cuando el mismo órgano condenó al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, como culpable de dar una patada a un policía en unas protestas en Santa Cruz de Tenerife.

Durante estos días desde el partido han lanzado mensajes de apoyo a ambos dirigentes y dando a entender que se trataba de un escenario de “acoso judicial”, cargando contra la Justicia por condenar sin pruebas a estos diputados. De hecho, ambos deberían haber dimitido de la organización, si nos atenemos al código ético que regía en el partido hace unos años. Sin embargo, el pasado mes de mayo, la nueva secretaria general del partido, Ione Belarra, cambió el citado código, blindando así a su cúpula de dimisiones si entienden que las condenas o imputaciones se producen en un contexto de “acoso judicial” en el contexto político, como ya denunció este diario.

Hoy ha sido la ministra de Derechos Sociales la que ha vuelto a cuestionar a la Justicia por ambas sentencias y ha elevado la voz contra este órgano asegurando que en estos dos casos no ha habido pruebas para condenarles. En una entrevista en “Más de Uno” del programa de Onda Cero con Carlos Alsina, la también secretaria general del partido ha repetido en varias ocasiones que ambas condenas “transmiten el mensaje de no te metas en política, no te organices para hacer activismo, no defiendas el derecho a la vivienda como hizo Isa Serra, porque lo que te puede pasar es que te condenen sin pruebas”. Así de contundente se ha mostrado en la entrevista, donde, ante la precisión del periodista de que el Supremo dictó una sentencia “porque entiende que están probados los hechos”, la ministra ha vuelto a responder que “en absoluto, no es verdad”.

La ministra, que ha defendido en varias ocasiones la misma tesis durante la entrevista, ha asegurado que su partido luchará por ambos casos “hasta el final”. “Vamos a llegar hasta el final porque es un caso gravísimo para la democracia”, ha sostenido Belarra sobre la supuesta falta de pruebas objetivas.

La renovación del CGPJ

La ministra también se ha referido a las conversaciones que están teniendo lugar entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar los órganos constitucionales con mandato caduco. A juicio de Belarra, “el PP no tiene muchos incentivos para renovar el Poder Judicial”, aunque se ha mostrado “positiva” sobre el avance de la negociación.

Por otro lado, Belarra ha lanzado que la nueva Ley de Vivienda “pondrá freno” a los “negocios y corruptelas de la derecha” en el sector inmobiliario, a la vez que ordenará un mercado que está “asalvajado” con la regulación del precio del alquiler, informa Ep. También ha especificado que la nueva normativa establece protección ante los desahucios, al pautar la obligación por parte de los juzgados a pedir un informe a los servicios sociales para acreditar la condición de vulnerabilidad y, en esta línea, obligará a las comunidades a ofrecer una alternativa habitacional en forma de vivienda digna, para impedir derivaciones a albergues como hace, según ha relatado, Madrid.

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